APROXIMACIONES

Buen uso del canon minero

El canon es la participación que deben recibir las poblaciones (a través de sus gobiernos regionales y locales) del total de los ingresos que obtiene el Estado por la explotación de los recursos naturales ubicados en sus territorios. Este derecho, consagrado por el artículo 77 de la Constitución Política, supone una redistribución de los beneficios de las actividades extractivas y una compensación por el impacto de las mismas. Además, al ser recursos limitados, la buena gestión de los mismos debe asegurar las bases de un desarrollo sostenible a largo plazo.

Por eso, las normas que regulan la distribución del canon a los gobiernos regionales y municipios buscan impulsar la inversión de este en beneficio de las poblaciones más pobres. Pero los múltiples problemas de la descentralización y la falta de competencias para una buena gestión de estos recursos han propiciado su despilfarro, la proliferación de obras inútiles y, en muchos casos, los actos de corrupción en las regiones.

Solo por canon minero, en los últimos diez años, se han distribuido más de 35,200 millones de nuevos soles. Paradójicamente, las regiones más beneficiadas son aquellas que presentan la mayor incidencia de pobreza extrema y los menores índices de desarrollo humano (IDH). Por lo general, las autoridades locales y regionales privilegian obras en las ciudades más grandes, con un marcado objetivo político coyuntural. Mientras tanto, las pequeñas poblaciones no se ven beneficiadas con los ingresos del canon. Contradictoriamente, y según estudios del INEI, del Banco Mundial y del BID, son las más pobres del país.

El proyecto de ley 3889, de mi autoría, propone modificar el artículo 6 de la Ley Nº 27506, para establecer la obligación de los gobiernos regionales y locales de destinar no menos del 10% de los recursos que reciban por canon en obras de infraestructura en salud, educación, electricidad, agua y desagüe en poblaciones con menos de 5,000 habitantes, con índices de pobreza extrema y desnutrición crónica por encima del promedio nacional. Esto con el fin de elevar sustancialmente el desarrollo humano de la población más pobre del país. Con esta iniciativa no se transgreden el objetivo ni los criterios de fondo que establecen las leyes sobre el canon, ya que los gobiernos municipales seguirán beneficiándose con dichos fondos; solo se prioriza una utilización más justa e inclusiva de los recursos.

Para asegurar la gobernabilidad y la paz social, es necesario consolidar la presencia del Estado en todos los confines del territorio nacional, en especial donde históricamente siempre estuvo ausente. De lo contrario, solo crecerán la insatisfacción y la conflictividad social, amenazando la gobernabilidad y el crecimiento económico del país.