19 presidentes de gobiernos regionales deben responder por 158 casos de corrupción

César Álvarez, presidente de la región Áncash. Foto: La República.

Los titulares de las regiones de Áncash, Tumbes, Pasco, Cusco y Junín son los que acumulan la mayoría de investigaciones fiscales o procesos judiciales, debido principalmente a licitaciones amañadas, obras públicas sin concluir o pagos no autorizados. El Gobierno Regional de Ayacucho tiene el récord de casos de corrupción de funcionarios: 260 en total.

La mayoría de presidentes regionales deben afrontar graves acusaciones por presuntos actos de corrupción de funcionarios. De los 25 en actividad, un total de 19 están sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por delitos como peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre otros.

Las cifras reflejan una preocupante incidencia de actos irregulares especialmente en procesos de licitación, adjudicación de obras públicas y contratos con empresas privadas.

La lista es encabezada por el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien afronta 26 procesos: 22 en la Fiscalía y 4 en el Poder Judicial. Áncash es una de las regiones más ricas del país, por el alto monto de recursos públicos que maneja, pero también es el ámbito con el mayor registro de notorios casos de corrupción.

En el 2013, la Región Áncash gastó un presupuesto de 1,226 millones de soles. A mayo de este año, se le ha asignado 1,047 millones de soles, de acuerdo con un reporte de las Procuradurías Anticorrupción.

El segundo lugar lo ocupa el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, sometido a 20 investigaciones fiscales y 5 procesos judiciales, sin contar el reciente hallazgo de la Contraloría General de la República: vendió un terreno a precio subvaluado y perjudicó al Estado por un monto que superaría los 21 millones de soles.

En el 2013,  Tumbes tuvo un presupuesto de 371 millones de soles. Para el 2014, se le ha destinado 345 millones de soles. Según el Ministerio de Economía y Finanzas,Dioses ya ejecutó el 50 por ciento del presupuesto de su región.

En el tercer lugar se ubica el titular del gobierno regional de Pasco, Klever Meléndez Gamarra. Las autoridades atribuyen a Meléndez haber otorgado a una constructora sin experiencia el proyecto de mejoramiento y ampliación del hospital regional Daniel Alcides Carrión, por 170 millones de soles. 

Este es uno de los 20 casos que Klever Meléndez debe esclarecer en la Fiscalía.

La Región Pasco gastó en el 2013 más de 505 millones, y para este año se le ha destinado un presupuesto de 444 millones de soles.

Los presidentes de los gobiernos regionales del Cusco, René Concha Lezama, y deCajamarca, Gregorio Santos, cuyas administraciones gozan de ingentes ingresos por los cánones gasífero y minero, respectivamente, también deben responder ante la justicia por presuntos casos de corrupción. Diez, el primero, y nueve, el segundo.

En el 2013, Cusco recibió 1,314 millones de soles por canon gasífero, mientras que Cajamarca 468 millones por el canon minero. 

Coincidentemente, a más recursos hay menos transparencia y poca fiscalización, lo que explicaría por qué los presidentes regionales deben responder a un alto número de investigaciones fiscales y procesos judiciales por acusaciones de corrupción.

POR TODAS PARTES

Las cifras se disparan si se hace una suma de los casos que involucran tanto a los presidentes como a los funcionarios regionales. 

De acuerdo con un registro de las Procuradurías Anticorrupción, son 1,505 los casos que vinculan a titulares y funcionarios de 25 gobiernos regionales.

El más significativo es el gobierno regional de Ayacucho, cuyo presidente, Wilfredo Oscorima Núñez, y su planta de autoridades afrontan 260 incidentes de supuestacorrupción de funcionarios.

Uno de los casos más llamativos es la adquisición de maquinaria sin licitación por 21 millones de soles. Otro hecho bajo investigación es el pago no autorizado de 16 millones de soles a la constructora Octavio Bertolero S.A. El gobierno regional le tenía una deuda a esta empresa, cuyo monto original era de 700 mil soles.

Oscorima es quien como candidato a la presidencia regional de Ayacucho, una de las más pobres del país, regalaba 100 soles en efectivo a sus simpatizantes.

El presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, y sus funcionarios están sometidos a investigación fiscal por 175 casos de presunta corrupción. Moquegua también recibe ingentes recursos por canon y regalía minera. En el 2013 fue de 271 millones de soles.

Entre 2012 y 2013, la Contraloría practicó en Moquegua 60 acciones de control en el gobierno regional, lo que derivó en 104 informes sobre irregulares, lo que explica por qué hay tantos funcionarios investigados o enjuiciados.

Uno de los casos más sonados es el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Moquegua por 50 millones de soles. Hace dos años que la empresa constructora no concluye la obra.

En el ranking de gobiernos regionales con más incidentes por corrupción de funcionarios, el tercer puesto lo ocupa Áncash: 147 casos. 

En el periodo 2009 al 2013, la Contraloría General de la República practicó 431 acciones de fiscalización en el Gobierno Regional de Áncash, la mayor parte en ejecución de obras públicas (34 por ciento) y adquisiciones (22 por ciento). A causa de las acciones de control, fueron denunciados 902 funcionarios. Todo un récord.

Los gobiernos regionales de Junín y Ucayali –cuyos titulares son Vladimir Cerrón Rojas y Jorge Velásquez Portocarrero, respectivamente– también acumulan una importante cantidad de casos de investigación fiscal y procesos judiciales por  corrupción de funcionarios: 106 cada uno.

Uno de los casos más notorios en Junín es el proyecto de asfaltado de la carreteraAcobamba-Palcamayo-San Pedro de Cajas-Condorín valorizado en 44.7 millones de soles. La municipalidad provincial de Tarma denunció que transfirió 29 millones de soles al Gobierno Regional de Junín para contribuir a la obra, porque un tramo corresponde a su jurisdicción. Sin embargo, los trabajos han quedado inconclusos. Solo se ha removido la tierra. El asfalto brilla por su ausencia.

Entre 2012 y 2013, el Gobierno Regional de Ucayali recibió por concepto de canon petrolero 133.4 millones de soles, y por el Fondo de Desarrollo de Camisea (Focam),146.3 millones de soles. La Contraloría General de la República detectó que funcionarios del gobierno regional destinaron irregularmente recursos de dichos fondos para financiar actividades no autorizadas, como pagos a periodistas para que informen sobre las actividades del presidente ucayalino Jorge Velásquez Portocarrero.

El propio Velásquez es sometido a investigaciones fiscales y tres procesos judiciales por presuntos actos de corrupción. 

Respecto a la capital, el Gobierno Regional del Callao tiene en curso 45 casos de presunta corrupción de funcionarios, mientras que el Gobierno Regional de Lima cuenta con 15 incidentes. 

Estos números revelan la urgente necesidad de aplicar  una reingeniería del sistema de fiscalización de la administración de recursos por los gobiernos regionales de todo el país.

CLAVES

Frecuencias. "Hemos identificado que del 100% de delitos contra la administración pública, el 40.15% lo constituye el peculado, el 13.07% la colusión y el 6.93% la malversación de fondos", dijo el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta.

RAZONAMIENTO. "Esto tiene una explicación bastante lógica: el mal funcionario público es responsable de la disposición de fondos y de bienes públicos, por lo que –sin debido control– tiene fácil el camino para apropiarse (o utilizar indebidamente) de los caudales del Estado o coludirse en las licitaciones de obras públicas", dijo el procurador.

ABANDONO. Respecto a la recuperación del dinero y cobro de reparaciones por los actos de corrupción, el Estado prácticamente no hace ningún esfuerzo, indicó.

La Ley Universitaria en debate

"La expresión autonomía universitaria se ha convertido (…) en un auténtico mito jurídico, susceptible de esgrimirse con los más diversos fines y capaz, apenas formulado de tapar toda posible discusión ulterior". Tomás-Ramón Fernández, "La autonomía universitaria: ámbito y límites", Madrid: Civitas, 1982, p. 31.

Uno de los temas centrales que el Congreso tiene en agenda es el debate y aprobación de la nueva Ley Universitaria. Se trata de un tema fundamental que podría contribuir a revertir la actual situación que atraviesa la educación superior. Hoy contamos con aproximadamente 137 Universidades, de las cuales 51 son públicas y 86 privadas. Sin embargo, la cantidad no implica calidad. Por ello, esta propuesta de ley, debe ser evaluada con seriedad, al margen de los intereses y lobbies de aquellas personas e instituciones que no quieren estar sujetas a una supervisión, ni acreditación y que esgrimen un concepto de autonomía universitaria que cuenta con poderes prácticamente ilimitados. Veamos.

Se ha propuesto la creación de una Superintendencia que deje de lado a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Sin duda esto es posible. No obstante, habrá que examinar sus funciones y composición para disipar toda desconfianza sobre una eventual afectación a la autonomía universitaria que no es absoluta y que tiene límites. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional (STC N° 0017-2008-PI, de 15 de junio de 2010), afirmó que para garantizar una educación de calidad era obligación del Estado crear una Superintendencia altamente especializada encargada de evaluar a todas las Universidades y garantizar que el examen de admisión cumpla con adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad intelectual.

Como se sabe, en diciembre pasado la Comisión de Educación, Juventud y Deporte presidida por el congresista Daniel Mora, aprobó el Dictamen de la nueva Ley Universitaria, el cual se encuentra pendiente de ser debatido en el Pleno del Congreso. El Dictamen propone crear una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria y desactivar a la ANR. Este planteamiento ha generado intensos cuestionamientos precisamente de quienes integran las instituciones que serían evaluadas. En similar sentido, el viernes 16 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley que ratifica la creación de una Superintendencia, aunque con algunas diferencias respecto a la incorporada por el Dictamen de la Comisión. Habrá que ver si se logra alcanzar el consenso necesario para poder unificar ambas propuestas. Hubiera sido ideal que el Ejecutivo presente su propuesta antes de la aprobación del Dictamen. Así habría sido discutida conjuntamente con las diversas propuestas existentes y hoy se contaría con un texto unificado para ser debatido en el Pleno.

Sin embargo, hay algunos temas que deberían ser revisados pues se trata de, al menos, dos propuestas que no superan un test de constitucionalidad.

En efecto, el Dictamen introduce algunos requisitos adicionales para ser elegido Rector. Así, precisa que se requiere tener grado académico de doctor "que debe haber sido obtenido con estudios a tiempo completo y dedicación exclusiva en la especialidad" (artículo 57.3). El mismo requisito se exige para ser Decano (artículo 65.3) y para integrar la Superintendencia (artículo 13). Dicha norma traería como consecuencia que un número importante de autoridades no puedan asumir tales cargos ni permanecer en ellos, pues quienes han estudiado en el Perú un doctorado, por lo general, no lo han hecho a tiempo completo y dedicación exclusiva. Los únicos que podrían cumplir con tal requisito serían aquellos que estudiaron en el extranjero y pudieron acceder a becas de estudios o tuvieron un financiamiento especial. A nuestro juicio, tales normas resultan discriminatorias e, incluso, desproporcionadas por lo que pueden ser calificadas de inconstitucionales.

De otro lado, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final del Dictamen dispone que "A la entrada en vigencia de la presente Ley, cesa en sus funciones la Asamblea Universitaria de cada universidad pública y cada universidad privada asociativa. Los actuales Rectores, Vicerrectores y demás autoridades continúan en sus cargos hasta que se realice la elección de las nuevas autoridades, con un plazo máximo de noventa días". Dicha propuesta se inspira en la primera disposición transitoria de la actual Ley Universitaria, Ley 23733, de diciembre de 1983, según la cual a su entrada en vigencia cesaba "en sus funciones la Asamblea Universitaria de cada Universidad. Los actuales Rectores, Vice-rectores y demás autoridades continúan en sus cargos hasta que se produzca la elección para renovarlos". Esta última disposición respondía a un contexto distinto. Por ello, si la norma propuesta se convierte en ley podría ser calificada de inconstitucional especialmente si se trata de Universidades privadas, cuyas autoridades fueron elegidas válidamente por un periodo determinado. Tal disposición debería ser revisada.

Hay que reconocer la crisis de la educación universitaria y la necesidad de una reforma estructural. Sin embargo, hay que ser conscientes que un cambio de tal naturaleza generará rechazo, especialmente en aquellas Universidades que, al amparo del libre mercado, no vienen garantizando una educación de calidad. De ahí que muchos de los cuestionamientos efectuados no sean neutrales, sino que responden al interés de mantener los privilegios que les brinda el modelo de organización vigente. Hay que examinar las críticas con cuidado para evitar caer en aquellas afirmaciones según las cuales la mejor ley es la que no existe y que el Estado no debe hacer nada. La realidad viene demostrando lo contrario.

Esperemos que el Congreso pueda debatir con serenidad y aprobar una nueva ley que contribuya a una mejora sustantiva de la educación universitaria, tan venida a menos en los últimos años. La autonomía universitaria no implica soberanía ni tampoco permite congelar el modelo de organización existente; su finalidad es garantizar la libertad académica, la libertad de cátedra y, en definitiva, la investigación y una enseñanza crítica y plural, libre de imposiciones y dogmas.

NO SOLO SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA MULTA PARA LOS OMISOS

4 claves para entender la sentencia del TC sobre el Servicio Militar Obligatorio

Luego de varios meses de espera, el Tribunal Constitucional por fin expidió su sentencia sobre la Ley del Servicio Militar. Si bien declaró inconstitucional la imposición de multas para los sorteados que no acudan al llamamiento, sí admitió que se les suspenda temporalmente sus derechos civiles. También validó la realización de sorteos para cubrir las vacantes.

Ya no habrá multas para los omisos al servicio militar, pero sí podrá suspenderse temporalmente sus derechos civiles. Así podría ser resumido el reciente pronunciamiento del TC que declaró inconstitucional una parte del artículo 78.9 de la Ley del Servicio Militar. 

Dicho artículo establecía que quienes eran sorteados pero no acudían al llamamiento debían ser sancionados con una multa del 50% de la UIT y además con la suspensión de los efectos legales de su DNI. Esto es, no pueden realizar actos notariales, celebrar contratos, obtener pasaporte, cobrar un cheque en el banco, etc. Pero la misma norma señalaba que una vez que se pagaba la multa, se levantaba la mencionada suspensión. 

Pues bien, todos los magistrados en funciones del TC han votado por declarar inconstitucional la parte del artículo 78.9 de la Ley del Servicio Militar que fijaba la multa del 50% de la UIT para los omisos al llamamiento obligatorio. Pero esto no es todo lo relevante de esta sentencia (recaída en el Exp. N° 0015-2013-PI/TC). A continuación una rápida explicación de sus 4 efectos más importantes. 

1. El pago de una multa para evitar el servicio militar es inconstitucional: discrimina a los de menos recursos

Sobre este punto el TC ha sido muy claro en su resolución: es constitucionalmente inadmisible que se permita librar del llamamiento forzoso solo a las personas que sí puedan pagar una multa de S/. 1,900 (50% de la UIT). No se puede establecer un trato diferenciado que discrimine a un grupo determinado de ciudadanos frente a otro en función de su condición económica. Esta regulación es una clara vulneración del derecho a la igualdad, precisa el Colegiado.

El TC enfatiza: “La multa (…) lejos de adecuarse a la finalidad represiva que le corresponde como institución del derecho administrativo sancionador, constituye una válvula de escape idónea para permitir que determinadas personas se sustraigan de su pretendido deber de contribuir al Sistema de Defensa Nacional a través del servicio militar. En ese sentido, se estima que existen razones suficientes para concluir que la regulación impugnada deviene inadmisible en términos constitucionales”. 

Conforme a este razonamiento, el TC considera que es inconstitucional la multa consignada en el artículo 78.9 de la Ley del Servicio Militar. Por ello, decide expulsar del ordenamiento jurídico la frase contenida en dicho artículo que establecía la aplicación de la mencionada multa. 

2. Pueden suspenderse temporalmente los derechos civiles… pero no indefinidamente.

Con relación a la suspensión de los derechos civiles como castigo para los omisos al servicio militar, el TC afirma que no resulta irrazonable o desmedido disponer sanciones como la suspensión de los efectos legales del DNI. Argumenta que “es constitucionalmente posible imponer las referidas sanciones a aquellos que se resistan a cumplir con sus deberes reconocidos en la Constitución, tales como aquel que manda a los ciudadanos participar de la defensa nacional”. 

No obstante, el Colegiado advierte que también resulta evidente que en ninguna circunstancia será admisible que algún deber o principio constitucional sirva de excusa para privar a una persona de su capacidad de ejercicio de forma indefinida o irreversible. Bajo tales consideraciones, concluye que el art. 78.9 de la Ley del Servicio Militar será plenamente respetuoso del ordenamiento constitucional “siempre que se prevean mecanismos dirigidos a salvaguardar el derecho fundamental a la personalidad jurídica de tal manera que, antes que constituirse como una condena de 'muerte civil', la medida restrictiva en cuestión esté sujeta a un plazo, a una condición o, cuando menos, a un procedimiento de revisión”. 

Por ello, el TC exhorta al legislador para que en el plazo más breve regule un mecanismo alternativo dirigido a evitar que la sanción de suspensión de los efectos del DNI derive en una condena de “muerte civil”, esto es, privarle a una persona de su capacidad de ejercicio de forma indefinida. 

3. Entonces, ¿ya no podrán hacerse sorteos para el servicio militar?

No, no se alcanzaron los votos necesarios –5   como mínimo– para eliminar esa parte de la Ley del Servicio Militar (el artículo 50). Por lo tanto, la sentencia del TC ha ratificado la validez de los sorteos que se convoquen para cubrir las vacantes requeridas para el servicio militar. 

Solo 4 magistrados (Urviola Hani, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda) consideraron inconstitucional el sorteo para el llamamiento. Faltó uno. Solo uno.

4. Pero si ya no hay multa, ¿no pasa nada si el sorteado decide no acudir al servicio militar?

Sí hay consecuencias, y muy graves. Si bien es cierto que el sorteado que no acuda a cumplir el servicio militar ya no será sancionado con una multa, sí podrá ser castigado con la suspensión temporal de sus derechos civiles derivados del uso del DNI. El TC ha validado dicha sanción.

Es más, el Colegiado ha exhortado al Congreso que, en el más breve plazo, regule un mecanismo que evite que la sanción de suspensión de los efectos del DNI derive en una condena de muerte civil. Para ello bastará, conforme a la sentencia, que el Parlamento establezca que dicha medida restrictiva esté sujeta a un plazo (uno o dos años, por ejemplo), a una condición (prestación de un voluntariado a la comunidad) o, cuando menos, a un procedimiento de revisión. 

En todo caso, podrá evitarse esta sanción si el sorteado logra demostrar que en su caso se presenta alguna de las excepciones previstas en el artículo 50 de la Ley del Servicio Militar: ser responsable del sostenimiento del hogar, cursar estudios universitarios, ser residente en el extranjero o padecer de discapacidad física o mental grave y permanente. También están exceptuados quienes se encuentren cumpliendo pena privativa de la libertad.

Elecciones regionales y municipales 2014

Por: Heriberto Chullo

La convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales para este año 2014, ha pasado desapercibida en razón de que todos hemos estado pendientes del tema entre Perú y Chile en La Haya. Por lo que debemos precisar que con fecha 24 de Enero fue publicado el Decreto Supremo que convoca a elegir autoridades regionales y municipales para el período de gobierno comprendido desde el 1 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2018.

Ello no deja de ser ciertamente preocupante porque la población no se ha percatado que con el hecho de esta convocatoria se marca el inicio de un Cronograma Electoral que tiene plazos bien definidos y que todos ellos se vencen una vez transcurridos los mismos, es decir, que no hay marcha atrás por ningún motivo sobre todo para quienes son los directamente involucrados en el tema: partidos políticos y movimientos políticos de alcance regional o departamental. 

Con esta convocatoria también ya no hay lugar a cambios en la legislación electoral vigente sobre la materia, como -por ejemplo- el de modificar la Ley para instaurar una segunda vuelta electoral en las elecciones municipales como lo hay actualmente para el caso de las elecciones regionales, ni de ningún otro tipo como otras veces se ha dado que el Congreso lo hizo ya con el proceso convocado. 

Por ello hace muy bien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en establecer el Cronograma Electoral oficial en donde ha fijado hitos legales muy importantes, tales como: 

- Plazo para la realización de elecciones internas de los partidos políticos y movimientos regionales o movimientos locales (del 08.04.2014 al 16.06.2014). 

- Fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (hasta 07.07.2014). 

- Fecha límite para renuncia de funcionarios públicos que integren listas de candidatos (hasta 06.08.2014). 

- Fecha límite para conceder licencia a trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos que integren listas de candidatos (hasta 05.09.2014). 

La verdad es que este Cronograma es de muy estricto cumplimiento y en esencia arranca a marcar el paso de las elecciones de este año con una anticipación de 180 días calendario, es decir, desde seis (06) antes del proceso que se llevará a cabo el día 5 de Octubre (primer domingo de ese mes), para ello 120 días antes (hasta 07.06.2014), ya se debe haber cerrado el Padrón Electoral y cualquiera de nosotros no podremos hacer más modificaciones o cambios en nuestro D.N.I. ni tampoco se podrán inscribir nuevos ciudadanos o más electores en el mismo; y, el día 21 de Agosto del 2014 será el sorteo de los miembros de mesa para este proceso electoral. 

Ahora bien, las listas de candidatos tanto para presidente, vicepresidente y consejeros regionales, así como para alcalde y regidores municipales, se deben presentar en forma completas y cerradas, eso significa que según la circunscripción electoral a donde se postule con 5, 7, 9, 11, 13 ó 15 miembros.

De acuerdo con lo normado en la Constitución, los presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, así como los alcaldes y regidores municipales que actualmente están en el ejercicio del cargo, pueden ser reelegidos indefinidamente. 

Un proceso electoral como este pone en marcha funciones especiales en una serie de entidades públicas que brindan apoyo directa e indirectamente, tales como: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Banco de la Nación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sin cuyo apoyo sería imposible desarrollar bien este cometido. 

Finalmente, precisamos que es justamente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la que da los resultados oficiales, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el que proclama a los ganadores y les otorga sus credenciales, para que éstos luego juren al cargo ante sus propios consejos regionales o concejos municipales y empiecen a ejercerlo por un período ordinario de cuatro (04) años, siempre y cuando durante el ejercicio de su función como autoridad municipal o regional no sean vacados, revocados, inhabilitados o destituidos del cargo.

Multitud proclamó candidatura de Florentino Laime Mantilla a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

En medio de una fiesta popular democrática, realizada el pasado fin de semana en Santo Tomás, las bases del Movimiento Regional Inca Pachakuteq de toda la provincia de Chumbivilcas, proclamaron la candidatura del reconocido artista chumbivilcano Florentino Laime Mantilla, a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

Fue en el marco del V Congreso Provincial del Movimiento Regional Inka Pachakuteq, que congregó a unos 5 mil pobladores de Santo Tomás y los distritos de Velille, Colquemarca, Chamaca, Livitaca, Ccapacmarca, Llusco y Quiñota. En el evento público se analizaron además temas políticos de coyuntura local y regional.

La multitud, a una sola voz, proclamó la candidatura del reconocido e intachable ciudadano chumbivilcano Florentino Laime Mantilla a la Municipalidad Provincial del Chumbivilcas, destacándose como los principales atributos y fortalezas que tiene el compromiso e identificación demostrados en bien del desarrollo de la tierra de los Qorilazos.

“Durante los años que ha estado frente a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas,Florentino Laime Mantilla ha demostrado capacidad y profesionalismo para dirigir los destinos de Chumbivilcas. Sus obras y su trabajo responsable y tesonero son su mejor carta de presentación”, afirmaron en el Congreso.

En el evento público, los asistentes destacaron las principales obras que ejecutóFlorentino Laime Mantilla como alcalde provincial, entre ellas la construcción de carreteras a todas las comunidades de Chumbivilcas, la construcción de puentes, vías, la gran carretera que une Santo Tomás con Lima, el estadio Condepampa de Santo Tomás, el monumental coso de toros, el asfaltado de calles y avenidas de la capital de Chumbivilcas, proyectos de saneamiento, riego y electrificación.

De igual forma se proclamaron candidatos a las diversas municipalidades distritales de la provincia de Chumbivilcas, eligiéndose a destacados profesionales y ciudadanos chumbivilcanos identificados decididamente con el engrandecimiento y desarrollo de sus respectivas jurisdicciones.

Los ciudadanos aclamados por las bases del Movimiento Regional Inka Pachakuteq son: Llusco, Toribio Alvis Alarcón. Quiñota, Calixto Benito Tomaya. Ccapacmarca, Ing. Marcos Huamaní Fuentes. Colquemarca, Tiburcio Aguirre Batallanos. Livitaca, Olger Olivares Gárate. Velille, Sergio Valencia Salcedo. Chamaca, Maximiliano Cruz Huillcacuri.

Arequipa exportará a EE UU quinua orgánica que se produce en el valle del Colca

Por tercer año consecutivo y con buenos resultados

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Unos 120,000 kilos de quinua orgánica que se produce en el valle del Colca, provincia de Caylloma, región Arequipa, con el soporte técnico de la municipalidad local, será exportada a los mercados de Estados Unidos, se informó hoy.

Obed Quispe, gerente de Desarrollo Empresarial de lacomuna provincial de Caylloma, indicó que este es el tercer año consecutivo que se exporta la producción local de quinua con buenos resultados.

La quinua orgánica se siembra a lo largo de once distritos del valle del Colca en 80 hectáreas de terreno, cifra que se prevé se incrementará el próximo año.

El funcionario municipal refirió que la municipalidad de Caylloma inició el programa de quinua orgánica con el propósito de incrementar el número de hectáreas de quinua con valor agregado y elevar así el nivel de vida los agricultores de la zona.

El programa de quinua orgánica sembró el primer año de trabajo 20 hectáreas, el segundo año 40 hectáreas y este año 80 hectáreas de terreno.

Obed Quispe, dijo que los productores de quinua orgánica del valle del Colca han previsto desarrollar el 2 y 3 de junio la Primera Feria y Festival de Quinua en la plaza de Chivay, capital de la provincia de Caylloma.

Los días de feria el público podrá adquirir la quinua orgánica de forma directa del productor a bajos precios, se tiene previsto también que similar actividad se realice en la ciudad de Arequipa en junio.

Cuidado con los candidatos del narcotráfico s El 5 de octubre se elegirán en nuestro país a 2,137 autoridades regionales y municipalidades, y ante los hechos de corrupción y crimen que ahora son materia de investigación en Ancash, se hace necesario reflexionar antes de apoyar una u otra candidatura. Lamentablemente, los partidos políticos tradicionales están fuera de este proceso y más bien se han organizado e inscrito una gran cantidad de movimientos regionales que han logrado poner a sus candidatos en el poder. Esta afirmación se desprende de los resultados de las elecciones regionales y municipales del 2010 en las que el Apra sólo ganó en una región, Acción Popular también en una y Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, en dos. ¿Dónde estuvieron, entonces, el PPC, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional?Algunos analistas interpretarán esto como la reacción natural de la población del interior frente al asfixiante centralismo (y en esa forma es cómo se ve a los partidos políticos, como brazo de poder del centralismo), una de las causas de la desigualdad y atraso del país. Otros lo entenderán como el deseo de imponer una suerte de caciquismos, aunque algunos de los movimientos provincianos pretenden alcanzar dimensiones nacionales como Alianza para el Progreso o el movimiento liderado en la región Junín por el actual presidente regional. Si todo fuera movimientos políticos de verdad, con el deseo de servicio y con la intención de diseñar y sustentar ideologías que contribuyan al desarrollo del país a buena hora. Pero, lamentablemente,  esto se enturbia con “la participación de un número importante de candidatos con vínculos directos e indirectos con el narcotráfico en las elecciones municipales y regionales”, según Jaime Antezana, estudioso de temas del narcotráfico en nuestro país. Al respecto, en un reciente Consejo de Ministros Descentralizado, el presidente de la República Ollanta Humala pidió a las autoridades, a la población en general, estar atentos a las inscripciones de candidatos a gobiernos regionales y municipales para tachar a aquellos que estén o que se sospeche de tener vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. En las provincias, la gente de a pie se da cuenta rápidamente de quiénes andan en malas compañías o se dedican a actividades ilícitas o ilegales. Y es que suele llamar la atención de que modestos trabajadores construyan de la noche a la mañana edificios, generalmente dedicados al negocio de hoteles u hostales  o establezcan negocios o empresas vinculados al entretenimiento y al divertimento, como discotecas o casinos. Y eso también lo perciben las autoridades del poder judicial, del ministerio público, de la policía, pero suelen hacerse de la vista gorda, porque el nuevo “empresario”, el “emprendedor” ingresará pronto al círculo de poderosos y contribuirá  con “diezmos” cada cierto tiempo. Es decir que será objeto y sujeto de coimas, una de las formas de corrupción más extendidas en el país. En los últimos años hemos asistido a escándalos mayúsculos, como la liberación de narcotraficantes capturados con las manos en la masa. Y esas liberaciones se han producido tanto en las comisarías por orden de oficiales de la policía, o por decisión de fiscales o de jueces. Y asimismo a través de más de 500 indultos y condonación de penas a narcotraficantes sentenciados por decisión del ex presidente Alan García Pérez.   En alguna oportunidad alguien ha dicho que “la droga sale por todo sitio y se elabora en todo sitio. El país es una coladera”.  Y es que darle crédito a esa afirmación basta revisar cifras: entre el 2000 y el 2009 el número de hectáreas de cultivo de coca se incrementó en 55.78 por ciento. Y la producción de hojas de coca subió de 43,000 toneladas métricas a 128,000 toneladas métricas, porque los cocaleros han mejorado sus técnicas y las cosechas se hacen tres veces al año. De esa enorme producción de coca, se sabe que más del 70 por ciento va a manos del narcotráfico y la producción de droga también se ha incrementado sustancialmente, a punto que nuestro país se ha convertido en el primer productor de coca y de cocaína. Y es la primera fuente para financiar candidaturas. El mismo Jaime Antezana en una oportunidad señaló que en el actual Congreso de la República habría por lo menos una docena de padres de la Patria puestos o vinculados al narcotráfico. Al respecto, en la revista Poder escribió: “Si bien la presencia narco en la política no es nueva (desde 1980 se conocen casos de relaciones entre narcotraficantes y políticos), lo nuevo de esta etapa radica en que ahora los narcotraficantes apostaron a tener una representación propia en el Congreso y en el próximo gobierno. ¿Cuál es la motivación del narcotráfico para esta nueva incursión en la política local, regional y nacional? El objetivo de los narcotraficantes para incursionar y/o financiar las campañas políticas es la búsqueda, por un lado, de amparo y protección (por ejemplo, la inmunidad parlamentaria); y, por otro, la utilización del poder político para legitimar sus negocios y “blanquearse” social y políticamente. Estos datos revelan que estamos frente a la emergencia y ascenso de un narcopoder. En ese sentido, estamos frente a un proceso de “colombianización”. Por ello, la alerta del presidente Humala hay que tomarla muy en cuenta, porque en este nuevo período, el escenario político puede haber pasado de las candidaturas cocaleras y pro coca a los narcocandidatos, y eso sería nefasto para nuestro país.

COPA DEJARÁ BUENOS DIVIDENDOS

Brasil 2014: Impacto será positivo

Más de 600,000 visitantes del mundo llegarán al torneo que se iniciará el 12 de junio.

Una Copa del Mundo va más allá de las emociones y pasiones que fomenta la fiesta deportiva del fútbol. Su éxito no se mide en la victoria definitiva del campeón, sino en la trascendencia que genera también en el aspecto económico y social para el país que lo organiza.

Brasil no será la excepción porque se prepara para recibir los dividendos del impacto positivo que dejará el certamen máximo del fútbol en términos monetarios. Según la consultora internacional Deloitte, la economía brasileña recibirá como derivado del mundial una inversión estimada en 63,000 millones de dólares en el período 2010-2014.

Esto significará para este período un aumento de 2.17 puntos en el producto bruto interno (PBI), basándose en la medición de 2010, solo por la organización del certamen.

Uno de los aspectos resaltados por la consultora fue la creación de un total de 3.63 millones de nuevos puestos de trabajo, que si bien son temporarios, colaboraron al fortalecimiento del mercado interno.

De ese monto, 50,000 millones serían producto del aumento de la producción nacional de bienes y servicios, mientras que se obtendrán 2,000 millones por los gastos derivados del turismo.

La Copa del Mundo tendrá mayor repercusión económica en los estados y municipios sedes del torneo, lo que les permitirá un volumen de alrededor de 6,500 millones de dólares. Río de Janeiro será el más beneficiadao con una inversión estimada de 440 millones de dólares en su PBI.

Para la consultora, estos 6,500 millones de inversión se distribuyen principalmente en 2,000 millones para la construcción de nuevos estadios, 1,300 millones para ampliar y mejorar los servicios hoteleros, 1,200 millones para la urbanización y puesta en valor de las ciudades participantes y 530 millones para ampliar y mejorar la capacidad instalada de la red aeroportuaria.

Punto central

Brasil podría recibir un total de 600,000 turistas durante la realización del torneo, lo que podría atraer divisas por 3,000 millones de dólares, durante junio y julio, cifra que impactará de forma temporal la balanza de pagos de la nación sudamericana. Estas estimaciones preliminares las hizo la división de Global Research del Grupo Financiero UBS.

El Mundial de fútbol se iniciará el jueves 12 de junio y se prolongará hasta el domingo 13 de julio.

Sudáfrica invirtió 475 millones de dólares en el Mundial 2010 y ganó 631 millones, según la FIFA

Apuntes sobre la huelga médica

Por: Jorge Acevedo Mercado

Nadie puede dudar de la importancia de los movimientos sociales y la protesta social en la construcción y desarrollo del derecho del trabajo. El derecho de huelga surge así como un medio legítimo para la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores.

La Constitución reconoce el derecho de huelga, pero a la vez indica que se ejerce en armonía con el interés social, indicando que la ley señalará sus excepciones y limitaciones. Las normas laborales vigentes establecen que las huelgas solo pueden adoptarse: (i) en el marco de una negociación colectiva (conflicto de intereses) o (ii) cuando existan incumplimientos de una ley o convenio (conflicto de derechos) siempre que exista una sentencia judicial consentida o ejecutoriada.

La ley permite el ejercicio de una huelga si es declarada procedente por la autoridad competente. Pues bien, los gremios médicos de Essalud y Salud que pertenecen a sectores distintos decidieron ir a huelga indefinida por razones y conflictos diferentes, sin una plataforma común, medida que fue declarada improcedente. En lo que sí coincidieron fue en el día de inicio de la huelga que agravó la situación de los pacientes.

En el Perú parece ser costumbre no hacer caso a la declaración de huelga ilegal. En ese contexto, y recordando que constitucionalmente la huelga se ejerce en armonía con el interés social, preguntamos: ¿puede una huelga que afecta la salud de los ciudadanos, terceros ajenos al conflicto entre empleador–trabajador ser compatible con el interés social? Necesitamos repensar cómo se resuelven los conflictos en el sector público sin afectar los intereses generales, sobre todo en sectores tan sensibles como la salud. No postulamos el desamparo del trabajador público pero en estos casos el arbitraje obligatorio podría ser una alternativa para solucionar los conflictos.

El inicio de la solución pasa por concentrar la regulación sobre la materia en una sola norma para todo el sector público (incluidas las carreras especiales) -no aplicándose las normas del sector privado- incorporándose en aquella las recomendaciones de la OIT y la experiencia de otros países que solo permiten la materialización de huelgas en el sector público en conflictos de interés garantizándose el funcionamiento de los servicios esenciales.?

Se oficializo la elección de los cinco Presidentes de los Jurados Electorales Especiales

Cuando exactamente 15 días para la oficialización de las candidaturas para las elecciones municipales y regionales a levarse a cabo el próximo 5 de octubre, en Sesión de Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco, se oficializo la elección de los cinco Presidentes de los Jurados Electorales Especiales JEE, quienes deben empezar sus funciones a partir del 01 de junio.

El Dr. Víctor Ladrón de Guevara de la Cruz, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco, informo que por amplia mayoría de los magistrados en la sala plena, aprobaron por declarar improcedente algunas reconsideraciones que presentaron algunos magistrados.

Los presidentes de los Jurados Electorales Especiales del Cusco, están integradas de la siguiente forma: EL JEE - Cusco, preside la Dra. Xiomara Alfaro Herrera; JEE -Urubamba está a cargo del Dr. Mario Silva Astete; JEE - Quispicanchi fue elegido el Dr. Wilbert Bustamante Castillo, JEE - Canchis; el Dr. Luis Al-fonso Sarmiento Núñez; JEE - Espinar el Dr. Andrés Quinte Villegas, respectivamente, precisando que cada jurado tiene sus presidentes suplentes y tienen una autonomía según que les corresponde

“En este sentido están designados los Presidentes de los Jurados Electorales Especiales del Cusco, la misma que fue informado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para que a la vez remita las resoluciones reconociéndolos como tal”, aseveró el Dr. Víctor Ladrón de Guevara de la Cruz.

Sostuvo que todos los magistrados designados en los mencionados jurados son jueces titulares de la Corte Superior de Justicia del Cusco, los que serán reemplazados en sus despachos por los jueces especializados, mientras despachen en los Jurados Electorales Especiales.