El 5 de octubre se elegirán en nuestro país a 2,137 autoridades regionales y municipalidades, y ante los hechos de corrupción y crimen que ahora son materia de investigación en Ancash, se hace necesario reflexionar antes de apoyar una u otra candidatura. Lamentablemente, los partidos políticos tradicionales están fuera de este proceso y más bien se han organizado e inscrito una gran cantidad de movimientos regionales que han logrado poner a sus candidatos en el poder. Esta afirmación se desprende de los resultados de las elecciones regionales y municipales del 2010 en las que el Apra sólo ganó en una región, Acción Popular también en una y Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, en dos. ¿Dónde estuvieron, entonces, el PPC, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional?Algunos analistas interpretarán esto como la reacción natural de la población del interior frente al asfixiante centralismo (y en esa forma es cómo se ve a los partidos políticos, como brazo de poder del centralismo), una de las causas de la desigualdad y atraso del país. Otros lo entenderán como el deseo de imponer una suerte de caciquismos, aunque algunos de los movimientos provincianos pretenden alcanzar dimensiones nacionales como Alianza para el Progreso o el movimiento liderado en la región Junín por el actual presidente regional. Si todo fuera movimientos políticos de verdad, con el deseo de servicio y con la intención de diseñar y sustentar ideologías que contribuyan al desarrollo del país a buena hora. Pero, lamentablemente, esto se enturbia con “la participación de un número importante de candidatos con vínculos directos e indirectos con el narcotráfico en las elecciones municipales y regionales”, según Jaime Antezana, estudioso de temas del narcotráfico en nuestro país.
Al respecto, en un reciente Consejo de Ministros Descentralizado, el presidente de la República Ollanta Humala pidió a las autoridades, a la población en general, estar atentos a las inscripciones de candidatos a gobiernos regionales y municipales para tachar a aquellos que estén o que se sospeche de tener vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos. En las provincias, la gente de a pie se da cuenta rápidamente de quiénes andan en malas compañías o se dedican a actividades ilícitas o ilegales. Y es que suele llamar la atención de que modestos trabajadores construyan de la noche a la mañana edificios, generalmente dedicados al negocio de hoteles u hostales o establezcan negocios o empresas vinculados al entretenimiento y al divertimento, como discotecas o casinos. Y eso también lo perciben las autoridades del poder judicial, del ministerio público, de la policía, pero suelen hacerse de la vista gorda, porque el nuevo “empresario”, el “emprendedor” ingresará pronto al círculo de poderosos y contribuirá
con “diezmos” cada cierto tiempo. Es decir que será objeto y sujeto de coimas, una de las formas de corrupción más extendidas en el país.
En los últimos años hemos asistido a escándalos mayúsculos, como la liberación de narcotraficantes capturados con las manos en la masa. Y esas liberaciones se han producido tanto en las comisarías por orden de oficiales de la policía, o por decisión de fiscales o de jueces. Y asimismo a través de más de 500 indultos y condonación de penas a narcotraficantes sentenciados por decisión del ex presidente Alan García Pérez.
En alguna oportunidad alguien ha dicho que “la droga sale por todo sitio y se elabora en todo sitio. El país es una coladera”. Y es que darle crédito a esa afirmación basta revisar cifras: entre el 2000 y el 2009 el número de hectáreas de cultivo de coca se incrementó en 55.78 por ciento. Y la producción de hojas de coca subió de 43,000 toneladas métricas a 128,000 toneladas métricas, porque los cocaleros han mejorado sus técnicas y las cosechas se hacen tres veces al año. De esa enorme producción de coca, se sabe que más del 70 por ciento va a manos del narcotráfico y la producción de droga también se ha incrementado sustancialmente, a punto que nuestro país se ha convertido en el primer productor de coca y de cocaína. Y es la primera fuente para financiar candidaturas. El mismo Jaime Antezana en una oportunidad señaló que en el actual Congreso de la República habría por lo menos una docena de padres de la Patria puestos o vinculados al narcotráfico.
Al respecto, en la revista Poder escribió: “Si bien la presencia narco en la política no es nueva (desde 1980 se conocen casos de relaciones entre narcotraficantes y políticos), lo nuevo de esta etapa radica en que ahora los narcotraficantes apostaron a tener una representación propia en el Congreso y en el próximo gobierno. ¿Cuál es la motivación del narcotráfico para esta nueva incursión en la política local, regional y nacional? El objetivo de los narcotraficantes para incursionar y/o financiar las campañas políticas es la búsqueda, por un lado, de amparo y protección (por ejemplo, la inmunidad parlamentaria); y, por otro, la utilización del poder político para legitimar sus negocios y “blanquearse” social y políticamente. Estos datos revelan que estamos frente a la emergencia y ascenso de un narcopoder. En ese sentido, estamos frente a un proceso de “colombianización”.
Por ello, la alerta del presidente Humala hay que tomarla muy en cuenta, porque en este nuevo período, el escenario político puede haber pasado de las candidaturas cocaleras y pro coca a los narcocandidatos, y eso sería nefasto para nuestro país.
