PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y LOS 96 JURADOS ELECTORALES ESPECIALES SE DECLARAN EN SESIÓN PERMANENTE

A partir del 1ero. de julio hasta la culminación del proceso.

Son 1,867 autoridades las que se elegirán entre regionales y municipales.

Por: Heriberto Chullo

Con el objetivo de garantizar la reunión de sus integrantes para la calificación de las solicitudes de inscripción de candidaturas y hasta la culminación del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y de los 96 Jurados Electorales Especiales  han sido declarados en sesión permanente, habilitándose los días sábados, domingos y feriados para la realización de audiencias públicas, notificaciones y otras acciones procesales.

A través de la Resolución Nº 546-2014-JNE se detalla que al cumplirse el 7 de julio el plazo de presentación de solicitudes de inscripción de candidatos, los 96 JEE instalados en todo el país tienen la responsabilidad de recibir la documentación respectiva y deberán calificar e inscribir las fórmulas y listas de candidatos.

También los 96 JEE  resolverán en primera instancia las tachas que pudieran presentarse en contra de las candidaturas de 25 distritos electorales regionales, 195 distritos electoras municipales provinciales y 1,647 distritos electorales municipales distritales.

En tanto el Pleno del JNE debe resolver en esta etapa las apelaciones que se presenten en contra de las resoluciones emitidas por el Registro de Organizaciones Políticas, respecto a los expedientes de inscripción de las organizaciones políticas que han presentados candidatos. Además, resolverá las apelaciones en contra de las resoluciones de los JEE en esta etapa de inscripción de candidaturas.

De esta manera se han adoptado las medidas que garanticen que el cumplimiento de las funciones de los JEE, sobre aquellas vinculadas a la impartición de justicia electoral en primera instancia se realice con la celeridad que exige el proceso electoral.

Contra molinos de viento

Por: Heriberto Chullo

Desde el  día que el general del ejército retirado Daniel Urresti asumió el cargo de ministro del Interior. Venía de ocupar el cargo de Alto Comisionado para la Formalización de la Minería -uno de los más graves problemas que afronta el país- donde tuvo que enfrentarse a los mineros ilegales y pudo destruir la maquinaria que éstos utilizaban en los lavaderos de oro y contaminaban los ríos y destruían el medio ambiente, provocando un daño irreparable. Alrededor de estos mineros ilegales hay una mafia organizada que trafica con el oro extraído, con niños a los que obligan a trabajar en condiciones infrahumanas y con niñas a las que prostituyen, y que pretendieron chantajear al gobierno bloqueando carreteras. 

En este breve periodo al frente del ministerio del Interior, la cartera más difícil de todo gobierno, ha mostrado su estilo de trabajo. Ha montado operativos para capturar bandas de delincuentes en zonas peligrosas donde todos sabemos que pululan pero que nadie se había atrevido a entrar. Ha recuperado en esos operativos, tanto en Lima como en algunas provincias, armas, artefactos y autopartes que habían sido robados. 

Lamentablemente, en vez de recibir el respaldo de los medios de comunicación, lo que ha habido es una campaña de desprestigio lanzada por algunos periódicos, emisoras de radio y canales de televisión, cuestionando su estilo de trabajo y dando a entender que todo lo que ha hecho es producto de la improvisación y del figuretismo. Estos ataques de cierta prensa me llevan a pensar que hay un temor en que si se redujera el crimen y la violencia ya  no tendrán material para sus informativos matutinos, las primeras páginas de sus periódicos o sus noticieros de la radio, porque se han formado durante el auge de la prensa “chicha” y están acostumbrados a una prensa amarilla donde triunfa la sangre y el sexo. 

Entre los críticos del nuevo titular de la cartera del Interior no ha faltado el ex ministro Fernando Rospigliosi, quien, a pesar de haber tenido una pésima actuación al frente de esa cartera de la cual salió muy mal parado, se siente un experto en temas de seguridad y el único capaz de conducir ese delicado despacho.

Y también lo critican otros ex ministros del Interior, altos oficiales de la policía en situación de retiro, quienes dicen que por ser militar no conoce el espíritu del policía. Y si se revisa la actuación de esos policías que ocuparon la cartera del Interior el balance también es negativo. Nada a favor, todo en contra, porque durante la gestión de ellos aumentó notablemente la corrupción, el cáncer que corroe las entrañas de la institución policial que, por eso, ha perdido el respeto que debería tener entre la población.

El ministro del Interior, Daniel Urresti, aseguró que será "implacable" contra los policías implicados en actos de corrupción. "Yo voy a ser implacable contra la corrupción, no malo, sino implacable. Donde yo detecte corrupción, mis reacciones serán más que inmediatas", declaró a la Agencia Andina. Hay un proyecto de ley bastante avanzado para depurar a malos efectivos de la Policía Nacional y será enviado al Congreso de la República, para su debate y aprobación.

Urresti ha respondido a las críticas afirmando que todo lo que ha hecho hasta el momento está enmarcado en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que su objetivo es devolver la confianza de la población para salir a las calles, volver a vivir en ciudades seguras y acabar con la corrupción. Naturalmente que el nuevo ministro sabe que la Policía sola no podrá luchar contra la inseguridad, sino que se necesita del apoyo de la ciudadana, de los políticos, de los medios de comunicación y de la población en su conjunto. 

Se sabe que muchos piensan que es una utopía soñar con ciudades seguras, pues a diario se producen crímenes, asaltos y la violencia está presente en cada instante. Para ello se recurre a estadísticas que nos presentan como una de las sociedades muy violentas, junto con ciudades de México, de Colombia y de Venezuela. En una época se ponía como ejemplo de urbes violentas a Chicago y a Nueva York. Pero, ahora, ambas han sido recuperadas después de que las autoridades “limpiaron” las zonas donde se refugiaban las bandas de delincuentes.

Hay que darle la oportunidad al ministro Urresti. Algunos pensarán que está peleando contra molinos de viento. Si, tal vez.  Pero, si en lugar de criticarlo se le ayuda, tendremos tal vez la oportunidad de tener una ciudad menos violenta, donde los índices de crimen se reduzcan a cifras mínimas y la policía recupere la confianza y el respeto que merece. Soñar no cuesta nada.

 

Nacional.

Cipriani: El aborto terapéutico no resuelve la mortalidad materno infantil

El cardenal Juan Luis Cipriani sostuvo que la guía para el aborto terapéutico "no resuelve la mortalidad materno infantil" y afirmó que quienes defienden esa tesis "engañan a la población".

"Los miles de abortos clandestinos no tienen nada que ver con esta guía. Cuando se habla de defender a la mujer, que (el aborto terapéutico) es un derecho, no tiene nada que ver. No engañemos a la población", indicó.

Bajo esa premisa argumentó que la guía del aborto terapéutico "es una guía para matar" si no se quita el causal de "cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida de la gestante".

Además, refirió que las juntas médicas que resolverán las causales para aplicar un aborto terapéutico son "una puerta abierta a que empiecen los pagos y coimas (...) porque sabemos cómo es el Perú".

En declaraciones a RPP Noticias, el primado de la iglesia católica peruana también tuvo duros calificativos contra la ministra de Salud, Midori de Habich, de quien aseguró que "no está capacitada para gobernar" el sector y a la que acusó de ceder ante "una presión muy fuerte de una ONG y organismos internacionales".

Asimismo, pidió "no llamar política" a las intervenciones que hace "a favor de la vida, del matrimonio y la familia" porque "la iglesia tiene una voz clara en los temas mixtos en los que hay una dimensión trascendente y religiosa".

"Yo tengo que defender los planteamientos que la gran mayoría de peruanos también defiende simplemente que hay grupos agresivos que no están de acuerdo con la iglesia católica y tampoco es una injerencia en el estado", explicó.

En ese sentido, pidió que la guía del aborto terapéutico sea "sometida a una concertación por la salud, de alto nivel donde estén representados el cuerpo médico, las universidades, la academia de medicina".

Ordenan prisión para Orellana y Benedicto

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Les llegó la noche. La Sala Penal Nacional ordenó ayer la detención preventiva por 15 días del empresario Rodolfo Orellana y su abogado, el coronel en retiro de la PNP Benedicto Jiménez, por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

La medida, que ordena también la captura de otras 21 personas involucradas en esta supuesta red delictiva, fue dispuesta por el Poder Judicial a solicitud de la fiscal titular Marita Barreto, de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Cabe precisar que la referida fiscal fundamentó en su pedido que Orellana y Jiménez dirigían una organización dedicada al blanqueo de capitales, procedente del tráfico de terrenos de propiedad del Estado y de particulares.

Se sabe, asimismo, que desde el 2001 el empresario en cuestión acumulaba más de 30 acusaciones por estafa, apropiación ilícita, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, además de estar implicado en el sonado caso de "La Centralita", por el que está detenido el presidente regional de Áncash, César Álvarez.

La medida fue dictada por la jueza Juana Mercedes Caballero, titular del Segundo Juzgado Penal Nacional, quien ya impartió directiva a la Policía Nacional para la ubicación y captura de los involucrados.

Cabe precisar que el cuestionado empresario también será investigado por una comisión especial del Congreso de la República que, probablemente, será instalada esta semana.

Precisamente, ese grupo de trabajo tendrá que indagar el caso de los terrenos del hospital Hermilio Valdizán y de la Fundación por los Niños del Perú, así como los supuestos nexos de Orellana con altos funcionarios del Estado, sus posibles vínculos con el crimen organizado y los casos de presuntas apropiaciones ilícitas.

CAPTURA. Por la noche, una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia informaba que el conocido "Sheriff", Benedicto Jiménez, fue detenido en horas de la tarde por efectivos de la Policía Nacional.

Posteriormente, el captor del terrorista Abimael Guzmán fue conducido a las oficinas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España.

A su llegada a esa dependencia policial, el captor de Abimael Guzmán fue abordado por decenas de periodistas que pugnaban por sus declaraciones.

"Esto es un atropello a un medio de comunicación, Juez Justo. Es una violación a la Constitución y a la libertad de expresión", señaló en relación a la revista que dirigía y cuyo propietario es Orellana.

"Están vulnerando el derecho a la libertad de expresión", alcanzó a reclamar antes de que el vehículo sea ingresado al local policial, en donde fue interrogado por varias horas.

En el caso de Rodolfo Orellana, un equipo especial de la Policía y la Fiscalía se encontraría desde ayer allanando diversos inmuebles en Lima para ubicarlo, pues no era visto desde hace varios días.

Las recientes entrevistas que brindó a algunos programas periodísticos fueron a través de llamadas telefónicas o vía Skype, un sistema de teleconferencia por internet, debido a que se encontraba -según él- delicado de salud.

persecución. Por su parte, el vocero de Rodolfo Orellana, Carlos Camacho, aseguró que el cuestionado empresario "se pondrá a derecho", pero no precisó en qué momento lo haría.

Consideró que la orden dictada por la jueza penal nacional, Juana Mercedes Caballero García, es "un atropello contra sus representados" al no haber sido notificados sobre esta medida.

"Nos enteramos de la orden de detención a través de los medios de comunicación", señaló indignado en comunicación con RPP.

Asimismo, el vocero aseguró que Orellana no piensa esconderse y que por el momento evalúa, junto a sus abogados, los pasos a seguir antes de ponerse a disposición de la justicia.

"Esta orden para nosotros es un atropello. El señor Orellana no está escondido, está reunido con sus abogados para ponerse a derecho, lo antes posible; no se va a escapar", agregó, tras afirmar que era un acto de persecución política.

El representante del empresario dijo que las denuncias contra Orellana vienen de varios años atrás y muchas de ellas han sido archivadas.

Cabe precisar que de acuerdo a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del 2012, Orellana y sus socios habrían utilizado el sistema financiero para recibir de terceros dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita por más de $2 millones entre 2002 y 2011.

ORGANIZACIÓN. En tanto, el congresista Teófilo Gamarra, miembro de la comisión investigadora del Congreso formada para este caso, consideró que la detención de Orellana representa "la caída de toda una organización criminal" con serias ramificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Durante una entrevista televisiva, comentó que se trata de una organización vinculada al tráfico de terrenos, lavado de activos, y una serie de delitos, que han corrompido gobiernos regionales y provocado un desequilibrio en las entidades jurisdiccionales.

"Se está generando la caída de una organización criminal que durante años ha estado trabajando en los distintos sectores (...) con apropiaciones ilícitas y una serie de ilícitos que se habrían cometido", indicó.

El congresista nacionalista agregó que el reto de la comisión parlamentaria será "desentrañar toda la red de esta organización", con el apoyo de la información procedente del Ministerio Público.

Por su parte, el parlamentario fujimorista Octavio Salazar dijo que tras la ola de denuncias en contra de Orellana, era previsible que el Poder Judicial adopte esta clase de medidas.

En ese sentido, pidió que se respete el debido proceso. "La justicia a veces tarda, pero llega", indicó.

NO EXISTE. A su turno, el congresista Heriberto Benítez descartó ayer que la orden de detención preventiva dictada contra Orellana y Jiménez configure un caso de persecución política, como señalan sus defensores.

Refirió que ambos personajes no están vinculados a partidos políticos, ni hacen labores relacionadas con esta actividad, por lo que no hay razón para aducir una motivación política en su contra.

"No hay una persecución política, ellos no realizaban tareas ni labores en partidos políticos, los hechos por los que están investigados no tendrían relación ni vinculación con labores políticas, simplemente se trata de delitos comunes que deben ser aclarados, que se respete el debido proceso, y tendrán que asumir su responsabilidad", afirmó.

Benítez negó haber tenido vinculaciones con Orellana, pero sí dijo que fue invitado por Jiménez a participar como columnista en la revista "Juez Justo", colaboración que dejó para postular al Congreso de la República en el 2011.

PENAS DURAS SIN BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Desde hoy rige Ley de Crimen Organizado en todo el Perú

 

La norma señala que líderes de las organizaciones criminales, financistas, funcionarios públicos, quienes utilicen menores de edad o armas de guerra, pondrán recibir hasta 35 años de prisión.

La Ley N° 30077, sobre el Crimen Organizado, entró en vigencia el día de hoy 01 de julio de 2014, para delitos cometidos por organizaciones criminales. Entre los delitos que comprende la mencionada ley se encuentran: homicidio, secuestro, tráfico ilícito de drogas, violación del secreto de las comunicaciones, trata de personas, pornografía infantil, delitos informáticos, delitos contra la administración pública, entre otros.  

Al respecto, Bonifacio Meneses Gonzáles, Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación del CPP (ETI-CPP) explicó que la implementación de la Ley sobre Crimen Organizado trae consigo muchas innovaciones que ayudarán a hacerle frente a las bandas criminales que vienen apareciendo en el Perú.  

“Entre las innovaciones más resaltantes tenemos que los líderes de las organizaciones criminales, sus financistas, funcionarios públicos, quienes utilizan menores de edad o armas de guerra, pondrán recibir hasta 35 años de prisión y se prohíbe el otorgamiento de beneficios penitenciarios”, señala el presidente del ETI – CPP.  

Además, Meneses Gonzáles indica que se implementará un sistema informático que almacene toda la información correspondiente a los internos vinculados a una organización criminal y que contenga un registro detallado de las visitas que reciben.  

Asimismo,  acota que la Ley del Crimen Organizado introduce técnicas especiales de investigación, tales como interceptación postal e intervención de comunicaciones, el agente encubierto, el seguimiento y la vigilancia. Por último establece la obligatoriedad de colaboración de todas las personas e instituciones públicas y privadas para perseguir e investigar a las organizaciones criminales.   

Por otro lado, el procesamiento de los casos que se inicien en el marco de la Ley sobre crimen organizado será tramitado con el Código Procesal Penal. En ese sentido, se ha dispuesto adelantar su vigencia en los Distritos Judiciales que aún no se ha implementado en su integridad, tales como Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín.

CONSORCIO INTEGRADO POR ODEBRECHT Y ENAGÁS OBTUVO LA BUENA PRO

El Gasoducto Sur Peruano será construido con mayor eficiencia

Informe. Se trata de una obra que favorecerá el desarrollo económico y social de las regiones del sur del país. Asimismo, atraerá nuevas inversiones debido a que garantizará la seguridad energética a un menor costo en condiciones amigables con el ambiente.

A toda marcha. El consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por las empresas Odebrecht y Enagás, anunció que la construcción de la infraestructura para el transporte de gas natural al sur del país se realizará en el más breve plazo y de la manera más eficiente posible. 

El consorcio ganó ayer la buena pro del proyecto denominado Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al ofrecer 7,328 millones de dólares por el costo del servicio, un proceso convocado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El director general de desarrollo de Enagás, Jesús Saldaña, manifestó el compromiso de ambas compañías para empezar las obras en los plazos previstos.

“Junto con nuestro socio Odebrecht, estamos satisfechos de ser adjudicatarios de este proyecto, el cual tendrá una gran importancia en el desarrollo del país, pues será una obra que garantizará la seguridad energética”, comentó.

De esa forma, adelantó que aplicarán todos sus conocimientos y tecnología de avanzada para conseguir que esta infraestructura sea una realidad lo antes posible.

Proceso

De acuerdo con la evaluación realizada por Proinversión, la propuesta técnica (sobre N° 2) del consorcio Gasoducto Peruano del Sur, formado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI, fue desestimada, por lo que le fue devuelta su propuesta económica (sobre N° 3) sin ser abierta.

Por el contrario, el sobre N° 2 del consorcio Gasoducto Sur Peruano sí resultó calificado, y se dio lectura a su planteamiento económico con el resultado del factor de competencia: costo del servicio por 7,328 millones 654,011 dólares.

El comité evaluador de Proinversión validó la propuesta económica del consorcio Gasoducto Sur Peruano y procedió a otorgarle la buena pro.

Sin embargo, el consorcio Gasoducto Peruano del Sur presentó una observación dejando constancia en el acta del proceso de su “sorpresiva descalificación antes de haber vencido el plazo otorgado para subsanar una observación”.

En respuesta, el Comité Pro Seguridad Energética del ente promotor de las inversiones informó que descalificó al consorcio Gasoducto Peruano del Sur por divergencia en la información presentada al Comité Especial.

Por otro lado, la inversión para este megaproyecto será superior a los 3,600 millones de dólares y generará al menos 5,000 puestos de trabajo calificado, en su etapa de construcción.

Impacto

La construcción del Gasoducto Sur permitirá el desarrollo de nuevos proyectos mineros y agroindustriales que estaban pendientes de ejecutarse a la espera de mejores condiciones en la dotación de energía, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Peter Anders.

“Básicamente, se trata de una iniciativa de gran tamaño que incidirá en la generación de nuevos puestos de trabajo. Ahora dispondrán de energía más barata y un fluido constante”, declaró al Diario Oficial El Peruano.

 En tal sentido, destacó que se establecerán las condiciones para el desarrollo de una industria petroquímica que, mediante el fraccionamiento del gas, podrá generar materia prima para que sea utilizada por la industria local o para su exportación.

 Refirió que en el caso del Cusco y de aquellas regiones donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso, serán más competitivas debido a que tendrán la oportunidad de cambiar la fuente de energía. “Dejarán de quemar petróleo para usar gas, lo cual les representará un menor costo operativo y una reducción significativa en la contaminación ambiental”.

 Asimismo, Anders manifestó que los problemas de ‘friaje’ que Puno afronta todos los años serán mejor atendidos. “Ello se debe a que sus autoridades podrán construir puntos de refugio tanto en los colegios como en el campo, lo cual les permitirá proteger al ganado”.

 En el caso de Arequipa, el titular de Perucámaras sostuvo que esta región cuenta con una gran capacidad industrial, que inmediatamente podrá pasar del uso de petróleo a gas natural. “La producción de cemento y la minería serán las más favorecidas”.

Odebrecht y Enagás ejecutarán Gasoducto Sur Peruano

Proyecto demandará una inversión de 3.600 millones de dólares y generará más de 5 mil empleos directos.

El consorcio formado por la empresa española Enagás y la brasileña Odebrechtse adjudicó  la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), al ofrecer 7.328 millones de dólares de inversión total.

El consorcio ganador, denominado Gasoducto Sur Peruano, se impuso al consorcio Gasoducto Peruano del Sur, integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI. Estos fueron los dos consorcios que entregaron el pasado 26 de junio sus propuestas técnica y económica.

El proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) consiste en el diseño, financiación, construcción, operación, mantenimiento y transferencia al Estado Peruano de un Sistema de Transporte de Gas Natural con una longitud de más de 1.000 kilómetros y un diámetro de 32 pulgadas, en tres tramos.

La inversión será superior a los 3.600 millones de dólares y su ejecucióngenerará más de 5 mil empleos directos.

Enagás gestiona 11.000 kilómetros de gasoducto y cinco plantas de regasificación en España, mientras que Odebrecht ha realizado obras de construcción en 26 países que le supusieron unos ingresos por valor de 43.000 millones de dólares en 2013, según un comunicado de las compañías difundido en mayo pasado en Lima.

El Gasoducto Sur Peruano es un proyecto de gasoducto y poliducto que recorrerá 1.080 kilómetros desde Camisea (en la región de Cusco) hasta Ilo (en la región de Moquegua), en donde se instalará un polo petroquímico.

En el acto público contó con la presencia del Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga y el jefe de Proinversion, Javier Illescas, el consorcio ganador se comprometió a efectuar inversiones por 7 328 millones de dólares.

 El megaproyecto energético llevará el gas natural de Camisea al sur del país y recorrerá Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Consorcio descalificado denunció serias irregularidades en el proceso.

El Gasoducto Sur Peruano (GSP), una de las mayores obras de infraestructura energética del país, que permitirá masificar el gas natural de Camisea a la macro región sur, fue adjudicado ayer. Sin embargo, el hecho fue empañado por fuertes cuestionamientos de irregularidades en el proceso.

Cumpliendo con el cronograma, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) entregó la buena pro del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano al consorcio Gasoducto Sur Peruano, conformado por la brasileña Odebrecht (75%) y la española Enagás (25%).

Este consorcio ofertó por el servicio US$ 7.328 millones, muy por debajo del costo máximo establecido en las bases del concurso, que fue de US$ 7.800 millones.

Se debe recordar que Odebrecht ya cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues lo mandó a realizar para el proyecto Gasoducto Sur Andino, que luego fuera desestimado por el gobierno, pero que en la práctica tiene el mismo trazado, lo que le permite ser compatible y aplicable.

En tanto, el consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que también estaba en la puja, fue descalificado, según explicaron los funcionarios de Proinversión "por no haber subsanado a tiempo una observación".

Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, destacó que la construcción de este megaproyecto demandará una inversión estimada entre US$ 3.600 millones y US$ 4 mil millones.

Agregó que esta obra da inicio a un nuevo polo de desarrollo para ciudades como Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Precisó que solo, en el mediano plazo, se beneficiará a más de 600 mil viviendas en todo el sur del país.

El GSP consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia al Estado peruano de un Sistema de Transporte de Gas Natural con una longitud mayor a mil kilómetros y un diámetro de 32 pulgadas, en tres tramos.

LA CONTROVERSIA

Cuando en marzo del 2012 el presidente de la República, Ollanta Humala, colocó la primera piedra del desechado Gasoducto Sur Andino en la plaza de Quillabamba (Cusco), nada hacía suponer que el arranque del Gasoducto Sur Peruano (GSP) no solo demandaría tanto tiempo y cambios en su estructura, sino que se entregue en forma tan cuestionada.

Al culminar la apertura de sobres y declararse el ganador, los representantes del consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI) denunciaron que fueron notificados por Proinversión sobre esta observación a las 8 y 30 de la mañana, es decir, una hora antes de vencer el plazo para poder subsanarla.

En ese sentido, Alejandro Segret, representante del consorcio que lidera la empresa argentina Techint, calificó el proceso de "irregular" y "poco transparente".

"Claramente hubiésemos sido el ganador si no hubiésemos sido descalificados en una forma que podríamos calificar, cuando menos, de irregular", señaló.

Se pudo conocer que este consorcio presentó a último momento una modificación en su composición para dejar constancia de que Suez reducía su participación de 25% a 2%. Esta modificación no fue aceptada por Proinversión, a pesar de que la oferta de Suez era más competitiva que la de Odebrecht y Enagás.

La oferta del consorcio Gasoducto Sur Peruano fue de US$ 7.192 millones. "Lo importante es que esta oferta hubiera beneficiado al usuario final del gas y de electricidad del país", anotó Segret.

 Mayorga zanja el tema del GSP

 Pasadas varias horas de la entrega de la buena pro, el ministro Eleodoro Mayorga, en conferencia de prensa conjunta con Proinversión, aclaró que el consorcio descalificado incurrió en el error de cambiar la composición en la participación de las empresas a último minuto, lo cual lo inhabilitaba inmediatamente del proceso, como indicaban las bases del concurso.

"Ellos se autodescalificaron al haber presentado la carta en donde indican esta recomposición de su consorcio", aseveró.

Los funcionarios de Proinversión precisaron que si este consorcio hacía este cambio luego de haber firmado el contrato de concesión, no hubiese incurrido en falta siempre y cuando las nuevas empresas que ingresaran al consorcio cumplieran los mismos requisitos de las salientes.

Por su parte, el consorcio Gasoducto Sur Peruano informó que está evaluando impugnar el proceso.

En cifras

U$$ 3,6  millones demandaría la construcción del Gasoducto Sur Peruano.

600 mil viviendas se beneficiarán, en el mediano plazo con el GSP.

US$ 7,3 millones por el costo del servicio ofreció el consorcio ganador.

Urresti: “Seré implacable con corrupción en la PNP”

Una vez más, al flamante ministro del Interior, Daniel  Urresti, se mostró enérgico al hablar sobre los actos de corrupción que puedan presentar dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), asegurando que tomará acciones inmediatas frente a alguna señal de actos fuera de la ley.
“Yo voy a ser implacable contra la corrupción, no malo, sino implacable. Donde yo detecte corrupción, mis reacciones serán más que inmediatas”, sostuvo tras una actividad pública.
Urresti, quien se reafirmó respecto a la importancia de los “megaoperativos”, aseveró que se potenciará la Inspectoría y el Consejo Disciplinario, que dependen del Ministerio del Interior, y otras herramientas institucionales orientadas a combatir la corrupción en el sector policial.
“Ya tenemos herramientas desarrolladas por los ministros que me han precedido, y me corresponde ampliarlas, ya he dado indicaciones precisas al respecto”, dijo el alto funcionario.
En otro momento el ministro remarcó que el proyecto de ley para depurar a malos efectivos de la Policía Nacional está bastante avanzado y que de todas maneras se presentará al Congreso de la República, para su posterior debate y aprobación.
“Esa iniciativa la están trabajando los asesores y está muy avanzada y de todas maneras de presentará. Pero, mientras tanto se continuará luchando contra la delincuencia, este combate no puede esperar”, dijo.

Luis Solari: “Aborto terapéutico es un engaño jurídico”

POR BORIS PUÉMAPE LOSTAUNAU
–Doctor Solari, ya se aprobó el llamado “protocolo para el aborto terapéutico”. ¿Cuál es su impresión?
Esto se ha aprobado fruto de un engaño jurídico, y le explico por qué. Cuando hay informes sobre leyes penales o sobre estos temas, obviamente todo pasa por la asesoría jurídica del Ministerio de Justicia. Entonces, el informe jurídico del Ministerio de Justicia sobre este tema es la primera piedra sobre la cual comienza a trabajar el Ministerio de Salud; y ese es un informe que contiene un engaño…

–¿Qué tipo de engaño?
Porque en el informe se presentan los memorándum de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el gobierno de Alan García, sobre este tema, y se les presenta como si fueran exigencias de mandato obligatorio. Naciones Unidas no es supranacional; y aquí viene lo más grave, el asesor Róger Rodríguez Santander (director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia) le oculta al ministro de Justicia (Daniel Figallo), y así al gabinete, a la ministra de Salud (Midori de Habich) y al Presidente de la República (Ollanta Humala) la respuesta que el Estado peruano, a través de la Cancillería, que es como se debe hacer, le dio a ese informe de la ONU.
Obviamente, si le ocultan información al gabinete, si le ocultan información al ministro de Justicia, de qué estamos hablando. Ese es el origen jurídico de esta resolución. Es una resolución que nace de un engaño jurídico hecho por un asesor que no le da la información completa.

–¿Ve usted alguna otra irregularidad en esta normativa?
Cómo una resolución ministerial va a regular un artículo del Código Penal, ¿en qué país sucede eso? La norma con la que corresponde regular un artículo del Código Penal, es un decreto supremo. Acá tenemos que una norma de un rango indebido termina metiendo esta cuestión, y lo más grave es que todo se origina en el ocultamiento de información, pues no puede ser que ante un llamado de una institución con un gobierno se reaccione de una forma y con otro gobierno, se arrodillen, y se reaccione de otra forma.
El Perú no puede arrodillarse ante la presión de un organismo que no es supranacional, supranacional es la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Acaso la ministra de Salud o el ministro de Justicia le han hecho las consultas a la Cancillería?

–¿Cuál fue la actuación del gobierno anterior ante esta “presión” de Naciones Unidas?
El canciller (José Antonio) García Belaunde…, él mismo lo puede contar, hay que ver el tono de la carta de García Belaunde, donde dice que no, que las normas jurídicas protegen al concebido. Esa es la parte central, el resto es hablar ya de la minucia, acá la parte central es que muestre el ministro de Justicia el informe y diga si en este informe está o no la información completa que le habrían llevado al Presidente de la República, si es que el Presidente se ha enterado. Si no está, entonces tendría que renunciar el ministro de Justicia porque lo han engañado al Presidente desde su ministerio. Es gravísimo.
Durante el gobierno del presidente García el Perú rechazó las presiones de Naciones Unidas para aprobar el protocolo, y resulta que ahora el Perú acepta las presiones de Naciones Unidas… ¿dónde están los nacionalistas?, ¿dónde está el señor Humala?, ¿dónde están los nacionalistas que se arrodillan a una presión de ese tipo?

“Personas que no cumplen quedan en el olvido”
–Doctor, el cardenal Juan Luis Cipriani reveló que el presidente Ollanta Humala le prometió no aprobar este tipo de normas…
Bueno pues, si van los candidatos donde el cardenal y salen con un rosario en la mano, levantándolo y asegurando que profesan la defensa de la familia y la vida, y después vemos que no es así… La historia borra a las personas que no cumplen lo que dicen y que sus conductas son distintas a las que proclaman del fin que van a tener, y lo mismo pasará con el señor Mora con la Ley Universitaria y lo mismo pasará con otras personas.

–¿Cómo resumiría lo que significa este procolo?
La norma contiene ya en sí dos cosas peligrosas: la primera es el lenguaje que usa, el Código Penal habla de aborto, ¿por qué la resolución no habla de aborto? La resolución habla de interrupción voluntaria, cuando el verbo interrumpir es para acciones que pueden ser reiniciadas. En la propia resolución hay un artículo que habla del término del embarazo, por qué pretenden ocultarle a la gente.
 

El contrato Urresti

Lo que este país necesita hace muchos años es un ministro del Interior que reestructure su cartera.

 

El flamante ministro del Interior tiene un estilo que, sin duda alguna, es peculiar. En los pocos días que lleva en el cargo ha protagonizado una serie de apariciones que han llamado mucho la atención. En la ceremonia de asunción del cargo prefirió dejar el micrófono para arengar a viva voz a los policías y terminar su discurso pidiendo tres ‘ra’ por la institución con sonoros golpes de pie en el piso. Al día siguiente lo vimos por televisión, vestido de policía, encabezando dos operaciones policiales. En la primera, la policía intervino en el llamado Nuevo San Jacinto ubicado en la Victoria, donde se comercializan partes de autos robadas, y recuperó una serie de motores, cajas de cambios, arrancadores, alternadores y otras piezas. En la segunda, la policía condujo a  39 vehículos con papeletas y a sus choferes a la comisaría. Un día después, el ministro dirigió nuevas operaciones en distintos distritos de la capital en las que se detuvo a 60 sujetos implicados en diversos delitos y se incautaron armas de fuego, droga y celulares robados. Posteriormente, el ministro apareció presentando 83 armas confiscadas a empresas comercializadoras de armas y municiones que operan en el departamento de Ica y que no cumplían con los requisitos de seguridad que exige la ley.

Quizá se trata de gestos políticos que buscan hacer sentir a la ciudadanía la presencia del ministro del Interior y su compromiso con la lucha contra el delito. Pero lo cierto es que la labor del ministro es la de diseñar y conducir las grandes políticas de combate de la criminalidad y no la de comandar a los efectivos policiales que van a detener a un grupo de ladrones de partes de autos o a choferes irresponsables. De hecho, resulta una pérdida de su valioso tiempo encabezar este tipo de operaciones cuando podría invertirlo en pensar cómo reformar el sector. Lo que este país necesita hace muchos años es un ministro del Interior que reestructure su cartera (o, como lo puso nuestro periodista y columnista Pedro Ortiz, que “reviva a un zombi”) y no a un Elliot Ness de La Cachina.

Por supuesto, es muy temprano para descartar que el señor Urresti se encuentre en capacidad de realizar dichos importantes cambios y, en este Diario, esperamos que tenga éxito y que la iniciativa que demostró en el combate de la minería ilegal le sirva también en la lucha contra la delincuencia. Pero lo cierto es que aún no ha planteado una estrategia concreta para reformar el sector y, en cambio, ha hablado de ciertas medidas que han sido muy cuestionadas. Por ejemplo, acabar con las ‘batidas’ de tránsito (es decir, dejar las calles sin ningún tipo de control) para combatir la corrupción policial, lo que se traduce en decir que, para que no cobre coimas, la policía se abstendrá  de hacer su trabajo. Una propuesta que revela una preocupante candidez y una aparente falta de conocimiento sobre qué debe hacerse con la seguridad. No solo eso, sino que, sumada a todo lo anterior, da la impresión de que estamos a punto de ver la repetición de una constante en este sector: la ausencia de agenda. ¿Se imagina, señor lector, dónde se encontraría el país si el Ministerio de Economía o el BCR se manejasen con la misma improvisación? Las medidas del Ministerio del Interior, después de todo, deberían tener detrás tanta teoría, planeamiento y control de su ejecución como lo tienen la política fiscal y monetaria.

El gran problema de la inseguridad no se va a resolver simplemente ordenando operaciones policiales aisladas, que no respondan a un plan concreto y bien estructurado de combate de la criminalidad. Lo que necesitamos es que el ministro desarrolle y presente ese plan, que fije los objetivos concretos que deben alcanzarse, que exponga  la estrategia para lograrlos, que señale un plazo razonable para obtener resultados y que presente los indicadores con los que la ciudadanía podrá medir su éxito. Animamos al ministro a distinguirse de sus predecesores y a fijar claramente los términos de este contrato que debe firmar con la ciudadanía. Y es que, si no plantea su gestión de esta manera, solo tendremos nuevos disparos al aire, el teatro mediático al que el gobierno nos tiene acostumbrados en materia de seguridad y, muy probablemente, un nuevo ministro del Interior en diciembre.

Aborto terapéutico desata ira de Iglesia

El gobierno del presidente Ollanta Humala sabía que la regulación del aborto terapéutico -que hoy entra en vigencia- provocaría un conflicto con la Iglesia Católica.

No esperaba, sin embargo, una respuesta tan dura e inmediata como la expresada por el cardenal Juan Luis Cipriani.

El Arzobispado adoptó el mismo discurso de hace 90 años, cuando en 1924 el procedimiento fue despenalizado en el Código Penal, advirtiendo a los creyentes que apoyar el proyecto gubernamental supone incumplir la doctrina católica. "Esta es una guía técnica para matar a una criatura", advirtió Cipriani en su programa Diálogos de Fe.

Politizando el tema, mencionó incluso que Humala y su esposa Nadine Heredia visitaron su domicilio en plena campaña electoral del 2011, "donde se comprometieron a que no se aprobaría en su gobierno".

La guía técnica para aplicar el aborto terapéutico estandariza el mecanismo que los médicos de nosocomios privados y estatales deberán seguir para interrumpir el embarazo con una intervención quirúrgica cuando la salud de la madre esté en riesgo.

Fue el último viernes que la ministra de Salud, Midori de Habich; la titular de la Mujer, Carmen Omonte; y el ministro de Justicia, Daniel Figallo, presentaron la Guía Técnica del Aborto Terapéutico, que se aplicará en los establecimientos de salud de todo el país. Hoy entra en vigencia.

Sin embargo, para Cipriani, De Habich, Omonte y Figallo representan a "los líderes que se han prestado para decir que sí se puede matar a las criaturas".

"Esta decisión de la ministra tiene mucho que ver con la presión internacional de instituciones que están imponiéndoles esta guía de manera imperialista. Arregle usted primero (ministra de Salud) la huelga de los médicos", dijo Cipriani en el programa antes de pedir a las madres de familia "no permitir que les hagan firmar la muerte de sus hijos. Tengan valentía. La vida está en manos de Dios, siempre existe una manera médica de salvar a la madre y al hijo".

Privilegia la vida. En respuesta, la ministra de Salud, Midori de Habich, hizo un deslinde total con el aborto ilegal, "que está penado por ley y que constituye un problema de salud pública".

"No tenemos una legislación sobre el aborto ilegal, no podemos reglamentar algo que es penado por ley", apuntó.

De Habich aseguró que el objetivo que persigue la guía es salvaguardar la vida de la madre ante una situación en la que ella y el feto están en peligro de muerte.

Añadió que anualmente ocurren entre 15 y 20 situaciones de este tipo y sostuvo que la publicación de esta guía solamente fija las reglas frente a una problemática que los establecimiento de salud ya venían tratando con su propio protocolo.

Así -aseguró-, los médicos tratantes tendrán la seguridad de estar actuando correctamente y conforme a ley.

"La guía se utilizará ante una situación en la que hay riesgo de muerte de los dos (madre e hijo) y se privilegia de acuerdo a nuestra legislación fijada en el Código Penal: salvar la vida de la gestante", refirió De Habich.

No obstante, el especialista en Bioética Paul Ramos Barrientos sostuvo que no era necesario aprobar ningún protocolo de aborto terapéutico, pues los médicos gineco-obstetras están continuamente trabajando por salvar la vida de la gestante y la criatura que lleva en el vientre.

Por ello, el especialista rechazó la medida emitida por el Ministerio de Salud al considerar que es el punto inicial de la despenalización del aborto por cualquier causa.

LA GUÍA. Cabe señalar que la Guía Técnica nacional deja establecidos los casos de riesgo en que las mujeres pueden interrumpir el embarazo.

El protocolo establece como tiempo máximo para el aborto terapéutico las 22 semanas de gestación.

En la resolución suprema publicada ayer, se indica como inicio del procedimiento que la gestante o su representante legal hayan firmado el consentimiento después de haber sido informados sobre su diagnóstico, pronóstico y riesgos para su salud y su vida.

Es solo a pedido de la paciente que el médico presentará su solicitud a la Jefatura de Gineco Obstetricia del establecimiento de salud, que a su vez informará a la dirección del hospital.

Luego, la jefatura convocará a una junta médica, formada por un ginecólogo y dos especialistas de acuerdo con la patología de la paciente.

La junta obligatoriamente dictaminará si procede o no el aborto en no menos de seis días calendarios.

Si decidiera que no procede, la gestante puede solicitar una nueva junta solo una vez, y también tiene la posibilidad de desistir del procedimiento en cualquier momento.

Al respecto, la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Paulina Giusti, explicó que este tipo de protocolos pueden aplicarse cuando la gestante es un paciente con cáncer que requiere pasar por una quimioterapia o radioterapia.

"Si hablamos de 22 semanas, estamos hablando de embarazos de poco tiempo. En ese periodo, el feto no es viable. Si la madre fallece y el bebé nace, no vivirá, por eso se dice que es mejor salvar una vida, la de la madre", acotó.

apunta a figallo. Desde otra óptica, Luis Solari, médico, expremier y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, refirió que el informe jurídico que sustenta la guía podría generar problemas de orden legal y/o constitucional con su aplicación.

Ante esto, señaló que Figallo debería renunciar al Ministerio de Justicia. "Eso es matar niños peruanos por su discapacidad, es antidemocrático", manifestó.

Asimismo, indicó que la reglamentación de la guía deja la puerta abierta al uso del aborto como medio anticontraceptivo o incluso de control de la natalidad.