Dictan 14 meses de prisión preventiva contra G. Santos
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, pasará los próximos 14 meses en la cárcel, luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Mercedes Caballero, dispusiera la prisión preventiva al encontrar suficientes elementos para imputarle presuntos delitos de corrupción.
En su resolución, la magistrada señaló que son evidentes los vínculos que hay entre Santos y el empresario Wilson Vallejos, detenido por presuntamente haber sido favorecido con adjudicaciones de obras por parte del gobierno regional de Cajamarca hasta por S/. 155 millones.
De esta manera, la autoridad regional continuará el proceso en prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada en perjuicio del Estado.
La medida fue tomada luego de un debate de más de tres horas, realizado en la sede de la Sala Penal Nacional, donde expusieron sus puntos de vista tanto el Ministerio Público como la defensa de Santos.
En el caso del chofer de Santos, Juan Salazar Silva, la Sala le dio comparecencia restringida, pues se le acusa de recibir una serie de prebendas, dinero y dos camionetas de la región Cajamarca para su uso personal.
Terminada la lectura de la sentencia, Santos salió de la sala custodiado por personal de la Dirincri, no sin antes alcanzar a alzar las manos a sus seguidores.
La autoridad de Cajamarca fue trasladada a la carceleta judicial, y se espera que en las próximas horas se determine el lugar de su reclusión.
En su resolución, la magistrada señaló que son evidentes los vínculos que hay entre Santos y el empresario Wilson Vallejos, detenido por presuntamente haber sido favorecido con adjudicaciones de obras por parte del gobierno regional de Cajamarca hasta por S/. 155 millones.
De esta manera, la autoridad regional continuará el proceso en prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada en perjuicio del Estado.
La medida fue tomada luego de un debate de más de tres horas, realizado en la sede de la Sala Penal Nacional, donde expusieron sus puntos de vista tanto el Ministerio Público como la defensa de Santos.
En el caso del chofer de Santos, Juan Salazar Silva, la Sala le dio comparecencia restringida, pues se le acusa de recibir una serie de prebendas, dinero y dos camionetas de la región Cajamarca para su uso personal.
Terminada la lectura de la sentencia, Santos salió de la sala custodiado por personal de la Dirincri, no sin antes alcanzar a alzar las manos a sus seguidores.
La autoridad de Cajamarca fue trasladada a la carceleta judicial, y se espera que en las próximas horas se determine el lugar de su reclusión.
Once casos de presunta corrupción
La orden de prisión preventiva para el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se fundamentó en el informe de la Contraloría General que detectó 11 casos de presunta corrupción en obras por 155 millones de soles.
La acción de control halló presuntas irregularidades en Cajamarca, que involucrarían al titular de dicha entidad y varios funcionarios públicos y contratistas del Estado.
La investigación de la Contraloría demostró que funcionarios de Proregión no depositaban los pagos a los contratistas en sus cuentas bancarias, lo cual fue corroborado por el Ministerio Público al comprobar que se giraban cheques que eran cobrados en efectivo y cuyo importe era repartido entre diversas personas, en lugar de ingresar a los fondos de las empresas contratantes con el gobierno regional.
La orden de prisión preventiva para el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se fundamentó en el informe de la Contraloría General que detectó 11 casos de presunta corrupción en obras por 155 millones de soles.
La acción de control halló presuntas irregularidades en Cajamarca, que involucrarían al titular de dicha entidad y varios funcionarios públicos y contratistas del Estado.
La investigación de la Contraloría demostró que funcionarios de Proregión no depositaban los pagos a los contratistas en sus cuentas bancarias, lo cual fue corroborado por el Ministerio Público al comprobar que se giraban cheques que eran cobrados en efectivo y cuyo importe era repartido entre diversas personas, en lugar de ingresar a los fondos de las empresas contratantes con el gobierno regional.
