¿Prisión preventiva o permanente?,
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es apreciada y respetada por un sector de la
clase política. Otro la critica y la repudia, y de qué manera. Quienes
le dan un apoyo cerrado son los que hoy alientan y respaldan lo que está ocurriendo en la región Áncash.
Sabido
es que el presidente regional, César Álvarez, el
vicepresidente, el gerente regional, un alcalde y otros ancashinos que suman en
total 60 personas tienen prisión preventiva por 18 meses.Traducido a una manera más real
de medir el tiempo suma un año y medio. El doble de lo que demora nacer un ser
humano.
La
prensa ha recibido insumos vastos sobre el caso del asesinato del dirigente
regional ancashino Ezequiel Nolasco y el de ‘La Centralita’.Los
detalles han sido prolijos y las entregas no cesan hasta hoy. Todo esto gracias
a la colaboración de la Procuraduría Anticorrupción y la fiscalía.
Nadie se ha alarmado por
el tiempo de la “prevención”. El 27 de mayo de este año el relator sobre
derechos de las personas privadas de libertad de la CIDH informó acerca del uso
de la prisión preventiva en las Américas. Señaló que los operadores judiciales
la utilizan indebidamente, generando problemas.
Ninguna
de estas personalidades ni otros asistentes se han pronunciado sobre la prisión
preventiva de un año y medio para el caso de Áncash. Todos han digerido el
libreto sabiendo que ese lapso es un exceso. El crimen no se ha detenido en
Chimbote, donde, como en todo el norte, reina el sicariato.
La hija del dirigente
asesinado, quien con todo derecho exige justicia, terminó indicando quiénes
debían ser comprendidos en el proceso. Y así fue. Un observador extranjero señaló con ironía: “Para qué se
requiere del Poder Judicial si ya se tiene una persona que señala quién debe
ser detenido de por vida”.
Los
inculpados alegan que esto es revancha política, pues para el caso del
asesinato del dirigente ancashino se cuenta con el testimonio de un sicario que
apareció en todos los medios, y aunque de lo leído se observan incongruencias
esto no parece ser tomado en cuenta.Trascendió
también que los expedientes de la investigación del 2010 indicaban contactos
telefónicos entre el presidente regional y los sicarios. Pero esto no ha sido
filtrado a la prensa.
El imputar a este grupo
de acusados el mote de organización criminal refleja un desconocimiento de cómo
actúa un grupo de estos. Más aun cuando hemos vivido durante el
fujimontesinismo una organización mafiosa y se pudo probar el desvío de fondos
para la CTS de Montesinos, papelógrafos con conversaciones ‘chuponeadas’, la
potente infraestructura que tenía el grupo Colina y tantos otros hechos más.
La organización criminal
ancashina resulta siendo bien raquítica. Investiguemos todo pero con rigor y
pruebas porque quien se desacredita es el sistema judicial, salvo que eso es lo
que se quiera, ‘ad portas’ de las elecciones regionales y municipales.
