Guerra se trasladó a Arequipa
cargas de dinamita. Efectivo coloca explosivo para hacer volar maquinaria informal valuada en más de US$ 30 mil.
Juan Silvera.
Enviado Especial.
-¡Fuego a la carga!, ordenó el encargado de los explosivos del equipo policial. Las cargas de booster (TNT de una libra) hicieron volar el campamento minero Yegales en Pampa Huara en segundos.
Yegales forma parte de un centro de acopio de oro explotado de las minas informales de Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y Cajamarca. Aquí también se procesaba el relave que venden los artesanales después de haber recuperado el 40% de metal precioso, el 60% se extrae en estas plantas a través de cianuración. Ese proceso se efectúa contaminando el medio ambiente, los relaves inservibles llegan a las fuentes de agua, tierras de cultivo y dañan la salud de poblaciones aledañas. Además, por el aprovechamiento de este recurso, los mineros no pagan un sol de impuestos al Estado.
Ubicada en pleno corazón de Cháparra, un distrito olvidado en la provincia arequipeña de Caravelí, Yegales forma parte de una franja de cien molinos donde trabajan casi mil familias. Los molinos de piedra aún no fueron destruidos, pero están en la mira del Ministerio del Ambiente. Aún no se ha determinado si los propietarios tramitan la formalización.
Sabina Laura Huallpa llegó a Pampa Huara a los 22 años, cuando en la zona había apenas un grupo de casuchas de un puñado de familias que probaban suerte en la minería artesanal. Desde entonces, junto a su esposo extraía el mineral de los socavones de la zona alta de Caravelí para molerlo en este lugar.
Esta mañana Sabina observa cómo las maquinarias de Yegales que compraron entre las 460 familias del poblado se hacen trizas en segundos. “Con estos molinos crié a mis seis hijos, ¿ahora qué haré? ¿a dónde iré?”, se lamenta y llora.
La Policía ha destruido el molino gravimétrico, chancadoras y fajas de conducción. Cada uno de estos equipos tiene un valor de 10 mil dólares en promedio. “Hicimos una colecta por meses. No es cierto que tengamos harta plata”, balbucea frotándose las manos. Se estima que al día obtenían entre 30 y 80 gramos de oro. Por cada gramo en las tiendas de Chala les pagan 89 soles.
El Ministerio del Ambiente estima que en las minas informales de esta provincia se comercializa hasta 30 millones de dólares al año. Cada quimbalete, aseguran, produce hasta cinco mil soles diarios en oro. Y una próspera planta podía procesar hasta 15 toneladas de mineral al día.
OCHO PLANTAS INTERVENIDAS
Algunos mineros se resistieron a salir del local y quisieron enfrentarse a los mil efectivos que participaron del operativo. Pretendieron apedrear el convoy de camionetas estacionado en el ingreso del poblado. Disparos de perdigones y bombas lacrimógenas los dispersaron. Un periodista resultó herido, le cayó una bombarda en el tobillo. Los artesanales se atrincheraron en los cerros y lanzaron amenazas de muerte contra los policías. También anunciaron que acatarán el paro nacional programado el próximo lunes. Por los disturbios, los efectivos intentaron detener al presidente de la asociación, Jony Taboada Mitma. Sus compañeros lo rescataron a empellones.
“¿Por qué nos hacen esto, acaso no somos peruanos, estamos en proceso de formalización y no nos ayudan?”, gritó el dirigente, mientras sujetaba una bandera peruana.
La segunda planta interdictada fue Sol de Oro, localizada en las afueras de Cháparra. Esta fábrica tenía cuatro tanques chancadores, generador eléctrico propio y que podía procesar hasta 30 toneladas al día de mineral. No hubo incidentes.
Según el alto comisionado para la formalización de la minería informal, Gral. (r) Daniel Uresti Elera, se intervino ocho plantas que no se habían formalizado. El plazo venció en diciembre de 2013. “Ellos no tenían su declaración de compromiso, ni tuvieron la intención de formalizarse”. Estas competían en forma desleal con los catorce centro de producción que han ingresado a trabajar en forma legal. Las intervenciones se hicieron entre Chala y Cháparra. Uresti calcula que solo en maquinarias de molienda se destruyó entre nueve y 10 millones de dólares.
INTERVENCIÓN CUESTIONADA
Tres centros (Pacífico, Russa y Zapata) se salvaron de la destrucción. Presentaron documentos de la Gerencia Regional de Energía y Minas que las acreditaban como empresas en plena formalización.
"Milagrosamente hoy Energía y Minas hizo llegar un documento haciendo conocer que estas tres están en proceso de formalización, contradiciéndose con los documentos previos que habían enviado y que los definían de ilegales", aseveró.
En tal sentido, manifestó a la agencia Andina que el fiscal investigará sobre estos casos y calificó de sospechosa la intervención de la entidad regional.
El centro Chala One no pudo ser destruido, el fiscal encargado del operativo no llegó al lugar.
Patricia Lucano, fiscal provincial en materia del Medio Ambiente, dice que la interdicción no busca desemplear a los habitantes del lugar, sino erradicar a quienes no se formalizaron. “No se ha tocado a los que están en este proceso”, asegura. Ella es la responsable de verificar que estos centros tengan su documentación en regla.
La propiedad de las concesiones es el escollo
La mayoría de mineros que no logró la formalización no pudo obtener un contrato de concesión de los titulares de las minas. Este se ha convertido en uno de los principales inconvenientes para avanzar con la legalización. La mayoría de artesanales trabaja en terrenos de terceros que ahora quieren sacarle el máximo provecho a la situación para cobrarles alquileres caros.
Según Laureano Cruz, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Arequipa, las asociaciones de mineros están divididas. Algunos quieren acatar una huelga nacional que se iniciará la próxima semana y que incluye una marcha de los cuatro suyos a Lima. Y otras bases han anunciado que no participarán.
