domingo, 11 de mayo de 2014

SE REQUIERE PERFECCIONAR LA NORMA
Ley de Partidos necesita un debate a fondo

Dr. Mariano Cucho Espinoza - Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE

El Congreso de la República inició la semana pasada el debate de un dictamen que busca modificar la Ley de Partidos Políticos, discusión que debe llevar a mejorar y perfeccionar esa norma vigente desde hace más de diez años, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad de las organizaciones políticas y, de esa manera, abonar a la consolidación de la democracia peruana.

El texto en debate fue propuesto por la Comisión de Constitución sobre la base de diversas iniciativas presentadas por las fuerzas políticas y el proyecto elaborado por consenso por los organismos electorales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) saluda que la representación nacional aborde este tema y aboga por una discusión profunda y amplia que permita realizar las modificaciones necesarias a la Ley de Partidos Políticos, recogiendo algunas de las propuestas planteadas junto con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En esta iniciativa, los entes electorales propusimos reforzar los mecanismos de democracia interna, fijar mayores exigencias para la inscripción y vigencia de los partidos, asegurar el otorgamiento del financiamiento público directo y aplicar sanciones efectivas en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de las finanzas partidarias. Esos y otros planteamientos fueron presentados con el único interés de apoyar el fortalecimiento de la democracia, mediante una reforma política reclamada por la ciudadanía.

En materia de democracia interna planteamos institucionalizar la participación de los organismos electorales. De esta manera, las elecciones de candidatos de los partidos nacionales o regionales, para cargos de representación en elecciones de calendario fijo, serían organizadas de manera simultánea por la ONPE; mientras que la elaboración y depuración del padrón electoral estaría a cargo del Reniec y el JNE fiscalizaría y resolvería las controversias que se produzcan.

En la actualidad, la labor de asistencia técnica a los partidos en sus elecciones internas es opcional, por lo que esta propuesta implicaría una saludable innovación para contribuir a la legitimidad de esos comicios y prevenir disputas internas.

Los organismos electorales también propusimos hacer efectiva la entrega del financiamiento público directo a los partidos políticos, actualmente supeditado a la disponibilidad de fondos de la caja fiscal, para que los destinen estrictamente en actividades de formación, capacitación, investigación y también gastos de funcionamiento partidario. Pero el financiamiento público directo estará sujeto a la supervisión de la ONPE. No se trata de un cheque en blanco.

La ONPE considera que la entrega de esos recursos contribuirá a que los partidos y alianzas electorales con representación en el Parlamento puedan institucionalizarse y desarrollar actividad partidaria más allá del período electoral. Asimismo, ayudará a prevenir la dependencia de los partidos de fondos privados, que en algunos casos pudieran tener una procedencia no clara.

El proyecto enviado al Congreso establece, además, un cuadro de infracciones y sanciones más riguroso a los partidos que incumplan las normas sobre financiamiento privado, con la finalidad de fortalecer la verificación y control de las finanzas partidarias ante la ciudadanía.

Con estas y otras propuestas de reforma, los organismos electorales buscamos contribuir al perfeccionamiento de la Ley de Partidos Políticos y al fortalecimiento de la institucionalidad de estas organizaciones.

Por ello, la ONPE reafirma su invocación a los parlamentarios para realizar un debate amplio y profundo, que incluya también estas propuestas formuladas a efectos de realizar una reforma integral de esa norma. A más de diez años de aprobada la ley vigente, creemos que  no hay que desaprovechar esta oportunidad para hacer cambios sustantivos que permitan no solo contribuir a la institucionalidad de los partidos, sino al fortalecimiento de la democracia.