La moral política por los suelos
por Juan Paredes Castro
El director
periodístico interino de El Comercio analiza el Caso Falconí y
sus consecuencias para el 2016
De pronto retrocedemos a situaciones en que la Constitución
puede ser tratada como si fuera una alfombra para limpiarse los pies.De pronto la búsqueda obcecada de poder político confunde los
fines con los medios y coloca la moral política por los suelos.
La Constitución dice, en
su artículo 95, que el mandato legislativo es irrenunciable. Pero el
congresista Marco Tulio Falconí, que tiene todo el aspecto de un
juez impoluto, no quiere hacerle caso a la Constitución.Supuestamente amparado en la vía judicial y en la complacencia
del Jurado Electoral Departamental, Falconí logra lo que venía buscando: despejar
el camino para su inscripción como candidato a la presidencia regional de
Arequipa.¿Qué ha hecho posible que
Falconí consiga lo que en cinco años no consiguió Javier Valle Riestra,
removiendo los más eruditos argumentos jurídicos, como solo él podía hacerlo
con tanto empecinamiento?Muy sencillo: los jueces
se han vuelto más venales frente al derecho, la propia Comisión de Constitución
del Congreso alberga intereses demasiado relajados y convenidos y los jurados electorales, incluida su
máxima instancia, pueden pues, muy sueltos de huesos, convertir el cargo de un
congresista, como Falconí, en renunciable, antes de que haya terminado su
mandato.
El argumento de Falconí
es que la Constitución defiende su derecho a ser elegido. Pero él sabe también
que la misma Constitución, en su caso, establece que el mandato que recibió de
sus electores es irrenunciable.
A la hora de pensar en su
derecho a ser elegido, Falconí debiera además pensar en el derecho de sus
electores, que votaron por él para que ejerciera como parlamentario hasta julio
del 2016.Siguiendo el mecanismo
relativista de Falconí, mañana podría ocurrírsele a alguien presentar un
recurso judicial, a favor delpresidente Ollanta Humala, para facilitarle la
reelección inmediata, contra la vigente prohibición constitucional de hacerlo.
Humala y su eventual personero apelarían, como Falconí, a su derecho a ser
elegido. La restricción constitucional dejaría
de ser indiscutible para convertirse en materia de fallo de un jurado
electoral.De una cosa como esta a la hasta hoy negada postulación
presidencial de la primera dama, Nadine Heredia, el 2016, no habría sino un
paso, porque las restricciones constitucionales y legales orgánicas parecen ser
cada vez más objeto de manoseos jurídicos cínicos e inmorales, capaces de
instaurar en el ordenamiento político del país graves involuciones históricas.
¿Debemos creerle a la
primera ministra Ana Jara su “categórica” negación de que Heredia no postulará a la
presidencia el 2016, mientras nada parece impedir que se abran ventanas en la
Constitución y las leyes para facilitar lo que se prohíbe?
¿No
sería más decente que Humala, Heredia, Jara, Chehade y el propio PartidoNacionalista cerraran filas en defensa de la Constitución en lugar de volverla
porosa y manoseable?
