Una ley en la picota
Tras la convocatoria a una sesión de la Comisión Permanente, que ejerce las potestades del Pleno del Congreso de la República cuando este entra en receso, parece abrirse el camino a la atención de la demanda social, fundamentalmente juvenil, de que quede sin efecto la Ley del Empleo Juvenil, dictada con el fin de promover la contratación y capacitación de jóvenes con sueldo mínimo y merma de derechos, lo que genera rechazo generalizado, por diversos motivos, pero sobre todo por la demanda, que permanecía latente, de plenos derechos para quienes son los verdaderos creadores de la riqueza empresarial, y de una nueva visión del trabajo que no lo considere solo un factor de costo.
Las deliberaciones de los legisladores deben tener en cuenta que el impacto de la ley ha sido tal que ha generado un movimiento de rechazo que no se vivía al menos desde las luchas contra la dictadura fujimorista y Lima ha sido escenario de dos grandes marchas, en las semanas de fin de año, algo insólito, pues el clima festivo y desmovilizador de esas fechas nunca es apto para las protestas.
Las protestas han sido en gran medida espontáneas, pero han ido ganando en organización y articulación, hasta haberse conformado una coordinadora de estudiantes, trabajadores, sindicalistas y barrios, que dicen estar decididos a mantener en pie su lucha hasta conseguir la derogación de la ley y en el movimiento se oyen voces para las que no basta ese objetivo y quieren avanzar hasta la revisión de la legislación laboral y la recuperación de los derechos arrebatados por la dictadura y los siguientes gobiernos.
La resistencia de los jóvenes ha dado lugar a que fuerzas políticas que cuando estuvieron en el gobierno arrasaron con los derechos de los trabajadores y que votaron sin mayor trámite por la ley, se hayan dado vuelta por evidente oportunismo electoral para disfrazarse de defensores de los jóvenes, aunque estos no les creen y por eso, cuando un grupito del viejo Partido Aprista intentó aprovechar la segunda marcha, fueron rechazados y expulsados.
La Comisión Permanente del Congreso, que analizará seis proyectos que plantean como opciones anular la ley, modificarla o suspenderla –supuestamente hasta que haya mejores condiciones para aplicarla-, mientras el Ejecutivo permanece en la posición de defender la ley a todo trance y anuncia su reglamentación pronta, como vía para perfeccionarla; apuesta plausible pero difícil, por al nivel de malestar que persiste y ante el cual solo cabe dar la marcha atrás a la que reiteradamente se niegan los gobernantes.
