Jóvenes sin derecho
La idea de suprimir derechos de acuerdo a la edad, que no se le ocurrió ni a Fujimori, atenta contra principios esenciales de la democracia, como la igualdad ante la ley. La propia Constitución vigente reconoce, además, el derecho al progreso social, a la seguridad en el trabajo y a la participación de utilidades, preceptos que en su deriva conservadora, el humalismo rechaza de plano.
Las incoherentes declaraciones de sus líderes, ante las masivas manifestaciones juveniles, y el contundente rechazo en las encuestas a la ley de explotación juvenil, muestran el apresuramiento por ponerse al servicio de los sectores más retrógrados de la gran empresa.
La información de que esta ofensiva para abaratar el costo del trabajo, fue una especie de blitzkrieg, queda confirmada cuando se conoce que bastó la presencia de un conferencista de la derecha española, para que, solícitos, los nacionalistas aprobaran el brulote.
Una muestra de que sabían perfectamente el tipo de atropello que cometían, deviene de cómo se saltaron a la garrocha al Consejo Nacional del Trabajo. La excusa pueril de que no se reunía en tiempo, obviamente por culpa del propio gobierno, les hizo creer que sorprendiendo a la opinión pública, el asunto podía pasar desapercibido.
El cálculo les falló por completo. Sobre todo porque ya existe la Ley 28518, que norma las modalidades formativas laborales, aprobada el 2005 en el Congreso. Allí queda claro el concepto de la formación laboral juvenil, como un período de corto tiempo que compromete a las empresas y las instituciones, en diversas modalidades, para preparar a los trabajadores jóvenes recién incorporados y sin suficiente capacitación.
Criterios válidos que no contemplan la abusiva eliminación de derechos del desaguisado actual, sino que legisla sobre modalidades de capacitación en un plazo de tres meses. La ley de explotación de los jóvenes, propuesta por una asociación público privada entre el gobierno del Partido Nacionalista y la derecha internacional, va más allá, pues en realidad, la formación pasa a un lugar secundario. El objetivo principal es reducir el costo del trabajo del 41% al 14%.
Como lo demuestran los expertos, entre otros el exministro de Trabajo Javier Neves, la fórmula es inaplicables para las mypes. Solo interesa a las grandes empresas, dispuestas a transitar por el camino más fácil, el de contratar jóvenes con los derechos recortados, para no ver disminuida su tasa de ganancia.
La postura de los actuales dirigentes de los gremios empresariales, resulta muy peligrosa. La imagen de la Confiep custodiada de la indignación de las juventudes por tropas del Ejército, es una prueba de hasta dónde puede llegar la prepotencia gubernamental, con tal de servir a la patronal.
La creación de empleo formal crecía a un ritmo del 10%, sin discriminación por edad, hasta que llegó el humalismo al poder. Para desconcierto de los incautos, acabó a la derecha del fujimorismo.
