Affaire en el altiplano
C. Alfredo Vignolo G. Del V.
Ante el pedido de refugio solicitado por Martín Belaunde Lossio a Bolivia y confirmado por el canciller del altiplano, hay una serie de elementos que echan dudas a la posición del Poder Ejecutivo, que niega proteger al fugitivo.
C. Alfredo Vignolo G. Del V.
Ante el pedido de refugio solicitado por Martín Belaunde Lossio a Bolivia y confirmado por el canciller del altiplano, hay una serie de elementos que echan dudas a la posición del Poder Ejecutivo, que niega proteger al fugitivo.
El 9 de diciembre –seis días antes que MBL presentara su solicitud de refugio ante el Consejo Nacional de Refugiados de la Cancillería de Bolivia (CONARE)– el presidente Humala y Evo Morales se reunieron en la sala Cáceres de la Casa de Pizarro, el cual está registrado en la agenda presidencial oficial de Palacio de Gobierno de Lima durante cerca de dos horas. Al final no hubo declaración conjunta de los mandatarios.
El 15, Belaunde Lossio acudió al CONARE, en La Paz, para tramitar la condición de refugiado. Esto fue confirmado por el titular de esa entidad, César Siles, sin embargo, la pregunta es cómo salió del Perú e ingresó a Bolivia.
En vísperas de Año Nuevo, Evo Morales trató de desmentir la presencia de MBL en su país, señalando “Solo me informé por los medios de comunicación que un (ex) asesor del presidente Ollanta Humala estaría pidiendo asilo (en Bolivia). No tengo información, estuve reunido con el canciller (David Choquehuanca). Cualquier pedido tiene que pasar por la Cancillería. Hasta este momento, solo es una información periodística”, dijo en conferencia de prensa.
Lo coincidente de este “affaire” es que en la reunión entre Humala y Morales, participó David Choquehuanca, ministro de RR.EE. boliviano, mas no su homólogo peruano y bajo la presidencia del Canciller boliviano se encuentra la CONARE, dependencia del Ministerio de RR.EE. de Bolivia, ante la cual se presentó MBL.
El amigo de la pareja presidencial registra tres ingresos a Bolivia, según Migraciones; entre los años 2007 y 2010, después de que asesorara a Humala en su campaña presidencial del 2006. El primero fue el 27 al 29 de marzo del 2007; el segundo del 8 al 11 de mayo del 2009; y el último, del 29 de diciembre del 2009 al sábado 2 de enero del 2010.
Los tratados internacionales establecen que solo es refugiado quien es perseguido en razón de cuestiones políticas, ideológicas, raciales o de nacionalidad. Cosa que no sucede con MBL, por lo que de acuerdo a la legislación boliviana, no califica para ser refugiado.
Existe una disposición en la ley y el reglamento, en el sentido que es improcedente la condición de refugiado para aquellos que han cometido un delito común en su país de origen.
En la página web del CONARE de Bolivia se precisa que no pueden ser reconocidas como refugiadas las personas que “han cometido un grave delito común, fuera del país de refugio”. A esas razones se las llaman cláusulas de exclusión y si la persona tiene esa condición “no deberá ser considerada como refugiada por ningún país”.
Lo que es evidente es que no hay voluntad política para capturarlo y que hay todo un montaje del Gobierno para protegerlo.
No es casualidad que MBL esté en Bolivia; la relación entre Humala y Morales es factor importante en la protección que el Gobierno le da al prófugo.
El suspendido fiscal de la Nación, Ramos Heredia, y el ministro del Interior, Urresti, han incurrido en los delitos de encubrimiento y omisión de funciones; si Urresti conocía el paradero y no actuó pidiendo la captura y coordinando con la Interpol, ha incurrido en estos delitos igual que el pariente de Nadine, Ramos Heredia.
La fuga de MBL y su solicitud de refugio siguen sembrando dudas en las acciones que, por más de siete meses, se desarrollaron para supuestamente capturarlo.
Basta una llamada telefónica de Humala a Morales para que el pedido de MBL sea rechazado.
Un aspecto que ha pasado desapercibido, mientras el CONARE revelaba que estima resolver como plazo máximo en febrero el expediente de MBL, un nervioso Daniel Urresti sostenía que “solo puede ser detenido por mandato de un juez boliviano”.
La cereza en el pastel la puso el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia al afirmar que tienen un plazo máximo de 120 días para “valuar la situación de MBL”, quizás para Fiestas Patrias tengamos novedades.