ENFOQUE

Idoneidad de candidatos en las elecciones

Ana María Solórzano Presidenta del Congreso de la República

Las elecciones regionales y municipales del pasado 5 de octubre revelan un panorama desolador: los filtros que existen en la legislación vigente son insuficientes para impedir que candidatos cuestionados, no solo por su continuo actuar reñido con la moral, sino también comprometidos con ilícitos, participen y resulten elegidos.

Algunos de ellos se encuentran prófugos de la justicia por presumirse su vinculación con delitos contra la administración pública; otros, incluso, están detenidos o pesan sobre ellos sentencias condenatorias por la comisión de graves delitos, y discuten su culpabilidad en instancias judiciales superiores por haber apelado.

Tales personas aprovechan la flexibilidad de las reglas de participación del régimen democrático para tentar la posibilidad de ser candidatos y, dado el caso, ser elegidos presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, o también alcaldes y regidores. Una vez en el poder, conseguirán la impunidad ansiada bajo la estrategia de la corrupción de malos jueces.

Por ello, mi despacho ha presentado el proyecto de ley Nº 3996/2014-CR, por el cual se busca establecer como impedimento para postular a un cargo político regional o municipal haber sido condenado por delito contra la administración pública, pero también por tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo o contra la libertad sexual.

La novedad radica en que esta prohibición rige desde el momento en que el sentenciado es declarado autor de dichos delitos por sentencia de primera instancia, sin que importe si la condena ha sido objeto de cuestionamiento ante autoridad judicial superior.

La iniciativa legislativa tampoco supondría una innovación plena o desconocida en el ordenamiento jurídico interno, pues existen reglas similares que limitan el acceso a otros cargos públicos (Ley de Carrera Judicial, Ley de Reforma Magisterial), que, aunque no representativos, también se encuentran vinculados a la preservación del sistema democrático, a la tutela de los derechos fundamentales de personas vulnerables y a la salvaguarda del principio de legalidad y de la administración de justicia.

En el ámbito latinoamericano existen ordenamientos jurídicos que contemplan la detención como un impedimento para acceder a un cargo público representativo.

Presentamos esta propuesta con la convicción de que solo adelantando las barreras de protección del sistema democrático sobre la base de un pronunciamiento judicial (sea por sentencia de primera instancia o mandato de detención del juez, en tanto garante de los derechos fundamentales), la sociedad estará a salvo de quienes encuentran en los procesos electorales la carta blanca para la impunidad o el espacio propicio para la comisión de los delitos.

Esperamos que la opinión pública y los congresistas apoyen esta iniciativa, pues nos encontramos en un momento crucial para la reforma de nuestro sistema político, uno de cuyos cauces es la propuesta que he presentado.