Por un código de ética electoral

La propuesta de elaborar un código de ética electoral para que se aplique en futuros procesos de elección popular es una iniciativa de importancia porque regulará el desenvolvimiento de los participantes en los comicios, de tal manera que esa conducta sea acorde con la responsabilidad y madurez que debe demostrar la clase política al electorado y a la ciudadanía en general.

Este planteamiento proviene del presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, Walter Gutiérrez, quien ha asumido, junto a los demás integrantes de esta instancia, el compromiso de resolver los casos que se presenten en la actual campaña electoral. Pero, además, consideró oportuno tomar la iniciativa de construir un cuerpo normativo para los candidatos, de tal manera que no sea solo una suerte de manual de buen comportamiento, sino un dispositivo de carácter legal y de cumplimiento obligatorio.

En todo caso, el jurista ha considerado que esa propuesta, sino es aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), puede convertirse en la base para que el Congreso de la República elabore un estatuto con rango de ley que tenga los mismos alcances del planteamiento original del Tribunal de Honor. De hecho, la iniciativa a formularse se sumará al proyecto de código procesal electoral que ya presentó el JNE, porque en la actualidad hay alrededor de 12 normas y 32 reglamentos que norman esos procesos, y se requiere una norma general que reúna todos estas disposiciones.

¿Por qué llegar a establecer un código de estas características? En los últimos años, hemos sido testigos de la conducta de los postulantes.

Usualmente, la mala práctica común es la diatriba o el insulto como producto del calor del debate y de la competencia. Sin embargo, lo que ha llegado a preocupar sobremanera es la serie de falsedades que consignan en sus hojas de vida, ocultando hechos que en ocasiones se configuran abiertamente como delitos. Es, pues, imperativo que la democracia afine sus instrumentos para que los postulantes a un cargo público sean honestos con el electorado.

Por ese motivo, es importante el rol que juegan los pactos éticos electorales y los tribunales de honor impulsados por el JNE, porque ello permite establecer un marco legal que ayuda a una mayor transparencia de los candidatos y procesos electorales, por lo que no son instituciones decorativas para la vida democrática.

Por ejemplo, el tema de las hojas de vida de los candidatos, que surgió como una buena práctica dentro de un pacto ético sin sanción alguna, hoy está recogido como norma en la legislación electoral que sanciona severamente al postulante que haya faltado a la verdad.

De igual manera, existen en la actualidad determinados compromisos que están dentro del Pacto Ético como transparentar el patrimonio –aun cuando no es una obligación normativa– para que los postulantes informen sobre su patrimonio y recursos financieros.

Es de esperar ahora que la iniciativa del Tribunal de Honor prospere y el país cuente con un nuevo mecanismo que permita apuntalar el sistema democrático.